"

Los Consejos de la Magistratura han sido creados para designar a los jueces inferiores que integran el Poder Judicial. En todas las provincias argentinas –incluida la propia Nación-, que han adoptado el sistema de Consejo de la Magistratura han excluido expresamente a la designación de los miembros de sus respectivas Cortes Supremas o Tribunales Superiores. Ello es porque los Consejos de la Magistratura se encuentran mayoritariamente constituidos por grupos o corporaciones vinculadas a la actividad jurisdiccional, pero desvinculados del sufragio y mandato popular, tal es el caso de las Asociaciones de Magistrados, Colegios de Abogados, etc. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia en cuanto cabeza del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido por la Constitución de Entre Ríos, deben ser designados por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Senadores, para que de esta manera la soberanía popular y la voluntad de la ciudadanía se vean reflejadas en la conformación del Poder Judicial", explica UPCN en un comunicado enviado a Informe Digital.

Por ello, continua el correo del gremio que preside el diputado José Allemde - "no solo es que resulta constitucional que el titular del Poder Ejecutivo proceda a la selección del candidato que estime más adecuado, sino que resulta absolutamente legítimo y congruente con el régimen democrático y republicano de gobierno. De otro modo, el Poder Judicial se transformaría en un poder completamente desvinculado del sufragio popular, cuestión incompatible con la Constitución Provincial y Nacional. Por ende, resulta ilegítimo pretender -tal como lo ha expresado la CTA-que los miembros del Superior Tribunal sean elegidos por el Consejo de la Magistratura, siendo un absurdo jurídico equivalente a exigir que el Consejo de la Magistratura seleccione al Gobernador de la Provincia o a los diputados y senadores. Evidentemente, las manifestaciones realizadas por CTA al respecto, tienen una marcada orientación político-partidaria tendiente a agraviar la figura del Gobernador de la Provincia y el Dr. Castrillón, sin sustento alguno".

El gremio interpreta que "El Consejo de la Magistratura, sin lugar a dudas ha constituido un importante avance para mejorar el nivel académico de los magistrados inferiores, pero incluso tal mecanismo no es el único que hubiese podido ser implementado para obtener igual resultado. La legislación comparada muestra con claridad que la implementación del sistema de “carrera judicial”, entre otros, ha sido igualmente eficaz para mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, como el régimen de “concursos” y de “meritorias” ha posibilitado eficientizar la actividad administrativa en los poderes ejecutivos"

"¿Alguien puede con honestidad alegar que un gobernador deba ser elegido por concurso?. ¿Puede, entonces, la CTA exigir que los miembros del Superior Tribunal sean elegidos por concurso?. El sentido común y la razón jurídica indican claramente que no. ¿Por qué, entonces, CTA no criticó con vehemencia las designaciones efectuadas por el Gobernador Montiel de reconocidos dirigentes políticos tales como Salduna, Vales…? ¿Acaso porque en ese entonces eran socios políticos de Montiel y cómplices de su nefasta gestión?", pregunta el gremio.

"La verdad de los hechos es que el Gobernador Busti autolimitando sus facultades constitucionales es quien ha conformado en la órbita provincial el Consejo de la Magistratura contribuyendo enormemente al mejoramiento de la calidad institucional del Poder Judicial. Si la CTA considera necesario extender el sistema a los miembros del Superior Tribunal, violentando el sistema republicano de gobierno, deberá avalar ineludiblemente la reforma de la Constitución de la Provincia, pudiendo a tal efecto instruir a su brazo legislativo, Beatriz Montaldo para que vote en la legislatura la ley de declaración de su necesidad. Hasta tanto, el Poder Ejecutivo Provincial deberá por mandato de la Constitución Provincial y la legitimidad que le otorgan el sufragio popular, proceder a seleccionar a los miembros del máximo Tribunal Judicial provincial, conforme su convicción y leal parecer", vuelve a la carga UPCN.

Finalmente el gremio dice que "cabe resaltar que en igual sintonía que el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores modificó su reglamento de funcionamiento, al efecto de transparentar la designación de los miembros del alto tribunal, ordenando la publicación de los antecedentes del candidato y posibilitando que se formulen impugnaciones con anterioridad a que se preste el acuerdo respectivo. Miente la CTA cuando le asigna a Busti poder discrecional al respecto, ya que todo el proceso se realiza de manera pública y con el control de la ciudadanía" Si los dirigentes de CTA se arrogan la representación popular, que se postulen para gobernador y legisladores provinciales, y ganen con contundencia alguna elección.