L

a decisión del Gobierno provincial de pasar a planta permanente a los agentes de la administración pública provincial que están actualmente en calidad de contratados se hará priorizando a quienes mayor antigüedad tengan en el cargo. Así lo señaló Teresa Figueroa, miembro de la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), luego de una entrevista que mantuvo el sindicato con autoridades del Ministerio de Hacienda. Figueroa aseveró que son aproximadamente 4.000 los trabajadores sin estabilidad en el Estado, de los cuales aguardan que este año se incorporen aproximadamente 2.000 a planta permanente, y de éstos, 1.000 irán a Salud.
El requisito para pasar a planta que puso el Ejecutivo es que el trabajador haya cumplido un año de antigüedad al 30 de junio último, aunque en el Estado hay agentes que llevan varios años en calidad de contratados, y de ahí que se haya acordado establecer un parámetro de priorización.
La cuestión central para definir quiénes pasan a planta este año y quienes lo harán el próximo año —hay promesa del Gobierno de continuar creando más cargos en 2007— se funda en el hecho de que existen cargos nada más que para el 50 % de los trabajadores en condiciones de conseguir su estabilidad.
Quienes no pasen a planta este año, tendrán un decreto que les otorgará estabilidad, de “modo de terminar con la incertidumbre que se genera en cada cambio de gestión con los compañeros que están contratados”, dijo la dirigente.
v UPCN mantuvo una entrevista con el ministro de Hacienda, Diego Valiero, para conseguir “aclaraciones” respecto de quiénes pasarían a planta y quiénes no. “Lo que pasa es que hay distintas situaciones, sobre todo en el área Salud. No hay sólo contratados, sino también suplentes extraordinarios y suplentes en cargos vacantes. Pero queremos darle la tranquilidad a los compañeros de que van a pasar a planta permanente, en la medida que haya cargos vacantes en las reparticiones”, añadió.
La dirigente destacó que “en Salud, las vacantes que hay alcanzan para cubrir el 50 % de los que en realidad estarían en condiciones de pasar a planta. Al resto, se les haría un decreto de estabilidad. Ese decreto va a ser nominal, es decir con el nombre de cada trabajador, porque el compromiso del Gobierno con UPCN es que el año que viene se crearían los cargos para que esos compañeros puedan pasar a planta”.
Figueroa aseguró que la cantidad de trabajadores sin estabilidad en el Estado provincial suma 4.000, y no los 2.000 que transcendieron esta semana desde el Ministerio de Hacienda. Ese otro número que las autoridades no consideraron, señaló la dirigente de UPCN, corresponde a trabajadores de hospitales y centros de salud que tienen una categorización diferente al del resto de la administración pública.
“No se les llama contratados sino suplentes, que pueden ser comunes, vacantes o en cargos vacantes. En esa condición existen 2.170 personas en Salud, de las cuales hay cargos vacantes para nada más que 1.000. Y acordamos con el Gobierno incorporar a los que al 30 de junio hayan cumplido un año, pero frente a dos trabajadores en condiciones de pasar a planta y existiendo un solo cargo, se le dará prioridad al de mayor antigüedad”, apuntó.

ATE pide audiencia con el Gobernador

(ATE) resolvió pedirle una audiencia “urgente” al gobernador Jorge Busti para plantear los ejes de la demanda de los empleados de la administración pública. La reunión con el primer mandatario fue planteada en el último plenario de secretarios generales que se desarrolló el 4 del actual en Paraná. Para el sindicato que conduce a nivel provincial Edgardo Massarotti existen temas puntuales a tratar con el Gobernador, entre los que se destacan analizar el tratamiento legislativo del proyecto de ley de Régimen Jurídico Básico, el pase a planta permanente de suplentes y contratados y además fijar una pauta salarial para el último cuatrimestre del año. El sindicato ha planteado públicamente la necesidad de elevar el mínimo garantizado de bolsillo para los estatales, que hoy está en $ 720 y llevarlo a una suma que se acerque al costo de la canasta básica de alimentos que mide la línea de pobreza, actualmente en $ 847,89. En el gremio sostienen que la aspiración de los estatales es “conseguir un salario mínimo de bolsillo que por lo menos cubra el costo de la canasta básica alimentaria, que en estos momentos está cerca de los $ 850, algo que venimos planteando desde que se inició la gestión del gobernador (Jorge) Busti”. (Fuente: El Diario)