Domingo 13 de agosto de 2006
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Política
No se sabe cuánto costará a Entre Ríos el desdoblamiento
El Gobierno no tiene resuelto aún de qué manera encarará la elección provincial del 18 de marzo. El decreto de convocatoria todavía no se firmó y tampoco se habló con el Tribunal Electoral Provincial. Es la primera vez que la provincia afronta una...

L

o único que existe por ahora es la decisión política de separar en 2007 las elecciones provinciales de las nacionales de octubre. Pero todavía no se ha firmado el decreto de convocatoria para los comicios provinciales del 18 de marzo en los que se deberá votar gobernador y vice, intendentes, concejales y legisladores provinciales. Recién una vez que esto ocurra —probablemente “a fines de esta semana o principios de la siguiente” según estimó el ministro de Gobierno Sergio Urribarri— el Ejecutivo se estará reuniendo con el Tribunal Electoral Provincial, el organismo que deberá hacerse cargo del proceso.

El Tribunal provincial es un ente administrativo que carece de estructura para hacer frente a una elección por cuenta propia, debido a que en todos estos años las elecciones de cargos provinciales se hicieron siempre en simultáneo con las de cargos nacionales. Esto hizo que todo el trabajo y dinero que se necesita para llevar adelante los comicios fuera aportado por el Estado Nacional, con fondos del Ministerio del Interior y estructura de la Justicia Federal con competencia electoral.

Para realizar la elección, el Gobierno entrerriano tiene dos caminos: dotar al Tribunal Electoral Provincial de la estructura que nunca tuvo, o pedir el auxilio logístico y económico de la Justicia Federal y el Ministerio del Interior. La decisión es adoptar el segundo camino, para lo cual el gobernador Jorge Busti ha dicho que cuenta con la venia del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y del director nacional electoral, Alejandro Tulio.

AUTORIZACIÓN.

Pero la palabra final la tienen los jueces. El Gobierno provincial deberá solicitar el juez federal con competencia electoral una colaboración para realizar los comicios provinciales. Deberá aducir que no cuenta con la estructura para hacerlo solo.

En este sentido, el procedimiento es similar al que se siguió el año pasado para la realización de la consulta popular por la reforma de la Constitución Provincial. El juez debe elevar el pedido a la Cámara Nacional Electoral para que, a través de una acordada, autorice la cooperación con la provincia de Entre Ríos.

Según explican los conocedores de estos trámites, en la evaluación del pedido la Cámara tendrá en consideración dos aspectos: 1) que no impliquen erogaciones especiales al Estado Federal para un acto que es de puro derecho provincial y 2) que no interfiera en el proceso federal que se pueda estar realizando, aun en el caso de internas abiertas y simultáneas. Deben tener un tiempo de separación prudente para que el juez y su personal dependiente puedan trabajar sin apremios y, en ese sentido, el criterio es priorizar el proceso federal.

¿CUÁNTO CUESTA?

Con todo por definir, el cálculo de cuánto dinero insumirá a las arcas provinciales la elección de marzo está sujeto a lo que aporte la Nación. En la realización de una elección, el gasto más grande se lo lleva la movilización de las miles de personas que intervienen de parte del Correo Argentino para el despliegue y repliegue de la documentación y del Ejército para la custodia. Le sigue el material que necesita cada una de las 2 mil mesas distribuidas en todo el territorio para el sufragio de los 850 mil electores de Entre Ríos. Desde la urna de cartón corrugado, hasta la impresión de los formularios, sin olvidar las biromes y sellos para el DNI.

En orden de importancia, le sigue el costo de confección, impresión y distribución del padrón de electores que debe exhibirse en toda la provincia. Se trata de unas 50 mil hojas, del que habitualmente se hacen 80 juegos. A esto hay que sumarle el costo de todo el material electoral (planillas, papelería, informática, etc.); del que se necesita para la realización del escrutinio de la elección; y, finalmente, el pago al personal afectado de la Justicia Federal (son 85 personas), incluyendo horas extras y viáticos.

En la crítica a la decisión del desdoblamiento, el diputado nacional Raúl Solanas estimó esta semana que la elección de marzo le podría importar a la provincia unos 15 millones de pesos. Urribarri consideró que esa cifra es “una barbaridad” y que si bien todavía no se ha hecho un cálculo “esos montos son un locura”. (El Diario)

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