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l Ministerio Público Fiscal pidió que se cite a indagatoria al ex director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, Tomás Fernández, acusado de haberse aprovechado del cargo que ocupaba en el directorio del ente en beneficio propio, entre 2001 y 2002. A Fernández se le imputa haber hecho un negocio incompatible con la función en la que se desempeñaba: a cambio del pago de un siniestro más Bonos Federales al valor nominal y un monto mínimo en pesos, se quedó con un departamento del Instituto, operación que el propio Fernández avaló en su condición de director y que se realizó sin llamado a licitación alguno, es decir, de manera directa. Se agrega a los cargos el de fraude en perjuicio del Estado.
El expediente tiene su historia. La Oficina Anticorrupción y Ética Pública presentó la demanda el 1 de marzo último; en el mes de mayo, el Fiscal requirió la instrucción formal, con lo cual hizo propia la argumentación del denunciante que, acto seguido, fue admitido como querellante. Lo que resta ahora es que el juez de Instrucción determine la fecha de la indagatoria, en el marco de las actuaciones caratuladas “Fernández Armando Tomás s/negociaciones incompatibles con ejercicio de sus funciones”.
Fernández adquirió un departamento con cochera en el edificio de Buenos Aires y Ecuador, en Paraná, el 17 de mayo de 2002. Pagó por el bien inmueble 70.218 pesos de entonces, según el siguiente detalle: a) compensación de 27.030 pesos por un siniestro de Automotores; b) Bonos Federales por 26.280 tomados a valor nominal; c) un cheque a cargo del Banco de la Provincia de Buenos Aires por 12.000 pesos; y, d) 4.908 pesos entregados el 27 de mayo de 2002.
“Lo peculiar del negocio jurídico descripto es que a la fecha de concretarse la operación, el denunciante revistaba en el cargo de director del IAPS y, en dicho rol, refrenda conjuntamente con el entonces presidente del instituto, Dardo Gustavo Beltrame, una política comercial del ente público (del que resultará) beneficiario directo”, se cita en la demanda, que firman los doctores Luis Pedemonte y Mauricio Mayer.
En el escrito se detalla el camino que siguió el trámite y alcanza para dimensionar el calibre de la acusación: como que el 15 de mayo Fernández propone la operación al IAPS y al otro día es aprobada, en una resolución que firma él mismo y Beltrame.

AHOGO

La decisión de desprenderse de bienes inmuebles del IAPS fue tomada ante la exigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La idea era que el instituto solucione el déficit de capitales mínimos que, al 31 de marzo de 2001, prácticamente alcanzaba los 12 millones. Comunicaron las autoridades del instituto a la Superintendencia que el Ejecutivo había decidido capitalizarlo con efectivo (3 millones de pesos) más la cesión del Hotel Mayorazgo (otros 3 millones, a los fines del asiento ante la Superintendencia). Aquí aparecían departamentos del edificio de Ecuador y Buenos Aires, valuados en 2,4 millones de pesos.
En aquel momento, la Superintendencia planteó que los inmuebles debían ponerse a la venta mediante licitación, pero Beltrame y Fernández insistieron en que si las operaciones se realizaban respetando el reglamento de compras y contrataciones del Iapser, no se alcanzarían los objetivos en el plazo que la Superintendencia fijó.
Para la Oficina Anticorrupción ningún argumento justifica la violación de las normas vigentes. La denuncia realiza diversos reproches, pero subraya sobre todo aquello que tiene vinculación con la participación de Fernández. Por ejemplo, toma elementos de la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas, donde se señala que el siniestro por el que se indemnizó a Fernández ocurrió en abril de 2002 y ya en mayo de 2002 estaba lista la liquidación, cuando por lo general “casi todas las indemnizaciones por siniestro liquidados se materializaban, en esa época, en períodos de tiempo mucho mayor o a través de prolongados y controvertidos juicios”.
En otra auditoría, cuyo informe se fechó el 10 de junio de 2004, el TdeC estableció que el asunto “fue manejado en forma directa por el directorio” y que, si bien pudieron haber existido fundamentos que avalaran la venta en forma directa, “la elección de los compradores no habría sido realizada en forma transparente, ya que no existe documentación que permita determinar cuales fueron los mecanismos utilizados para la elección de los mismos”, mientras no logra explicarse por qué no se recurrió al remate público.
Para colmo, el inmueble que adquirió Fernández no estuvo originalmente en el listado de bienes a enajenar sino que fue incorporado a posteriori, mediante otra resolución del directorio, es decir, firmada por Beltrame y el propio acusado. (El Diario)