E
l titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gualeguaychú, Javier Cadenas, ordenó el viernes el procesamiento del ex tesorero municipal, Ángel Giménez, por el delito de Peculado doloso reiterado en 73 oportunidades; además ordenó procesar al ex secretario municipal, Néstor Pérez, por nuevos hechos de malversación culposa, aunque lo sobreseyó por los cargos bajo los que estuvo procesado en primera instancia.Aunque Giménez sumó una nueva causa en su contra el juez decidió que podrá permanecer en libertad mientras dure el proceso.
En otras medidas relacionas con el desfalco a la Tesorería municipal, en el que se investiga la desaparición de 2,6 millones de pesos, Cadenas decidió rechazar la solicitud del fiscal, Rubén Chaia, de procesar al intendente Daniel Irigoyen. No obstante, el magistrado también desestimó el pedido de sobreseimiento formulado por su abogado defensor y candidato a sucederlo en el cargo, Luis Leissa.
La resolución –adelantada por radio Máxima– reproduce testimonios, informes y pericias, que probarían la responsabilidad de Giménez en los hechos que se le imputaron; y en relación a Pérez, si bien lo procesa por nuevos hechos, lo desvincula de los que causaron su primer procesamiento.
Cadenas argumentó que la falta de mérito de Irigoyen se funda en el principio de confianza, que a su juicio toda la nueva prueba incorporada al proceso no ha conseguido alterar. No obstante continúa con las dudas iniciales.
“Se torna sumamente dudoso a mi entender y con las probanzas existentes hasta el momento, poder afirmar que efectivamente el imputado Irigoyen haya violado algún deber de cuidado a su cargo al suscribir documentos de pago, sea notas de débito, cheques y/o boletas de extracción de dinero”, reza la resolución.
Más adelante explicó en la resolución: “Comparto la mayoría de las afirmaciones teóricas que efectúa el Agente Fiscal, empero entiendo que ellas, por el momento, no se ajustan a la situación en que se encuentra ubicado el Intendente Irigoyen”, y agrega que “en mi modo de ver las cosas, es dudoso que semejante tarea de contralor pueda compatibilizarse con la de administrar un municipio ...”
Leissa dijo que siente “un sabor agridulce”, en virtud de que si bien no fue procesado tampoco se le dictó el sobreseimiento que solicitó.
El faltante de 2,6 millones de pesos “perdidos” fue determinado por una auditoría externa que estuvo a cargo de la coordinación del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas local. (UNO)