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n su dictamen, el organismo de control afirmó que “no quedaron dudas” que el procedimiento para llevar adelante tal operación “no altera principio alguno de legitimidad” y que no hubo “perjuicio fiscal”. Además, acerca de la “razonabilidad del valor contratado”, se dejó en claro que “no se pueden hacer comparaciones que resulten válidas con otras instituciones bancarias o con contrataciones anteriores”.
Así lo dio a conocer ayer el Gobierno a través de la Dirección de Información Pública que divulgó la decisión contenida en informes originados por un trámite de control de rendición de cuentas, firmado por el asesor jurídico, Luis María Campos; los seis fiscales de cuentas y el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas acerca del contrato de agente financiero celebrado entre el Gobierno entrerriano y el Nuevo Bersa SA, en los que “se da por terminada la tramitación, disponiéndose el archivo de la misma”.
El asesor jurídico refirió en su informe que “no puede hablarse de que ha habido en la contratación mencionada incumplimiento a la Ley de Contabilidad o al régimen al respecto que ella establece”. En cuanto a la “razonabilidad del valor contratado” con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA, el cuerpo de auditores, en una nota rubricada por Hugo Jensen, a quien adhirió Eduardo Rudi (de la jefatura de Auditoría), pone de manifiesto que dadas las particularidades de los servicios que comprende esta contratación, los que son de muy difícil medición y valorización, no es posible determinar la razonabilidad del precio contratado ni hacer comparaciones que resulten válidas con otras instituciones bancarias que puedan ofrecer este tipo de servicios a la provincia o con contrataciones anteriores”.
Por su parte, en un dictamen conjunto, los fiscales de cuentas, Raúl Gaillard, Estela Bovier de Haenggi, Irupé de Rodríguez, Elvio Bordet, Susana Martínez Lacabe y Miguel Ángel Sampietro, coincidieron en señalar que “no quedan dudas que el procedimientos para llevar adelante tal operación, no altera principio alguno de legitimidad”.
