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l Gobierno entrerriano no ha podido avanzar en un plan de transparencia en la gestión pública ni en reforzar la actividad de los organismos de control. La Contaduría General de la Provincia, por ejemplo, tiene una insuficiente dotación de contadores auditores, carece de un sistema de información integral y no interviene en todos los actos administrativos que por norma le competen.
La Oficina Anticorrupción y Ética Pública, creada por el Ejecutivo, no tiene un reglamento de funcionamiento propio y su responsable, Luis Pedemonte, ejerce la función en forma “interina”. Y a pesar de que se elaboró un programa en ese sentido, las diferentes áreas de Gobierno “no han sufrido modificaciones que faciliten el acceso a la información pública”. Tampoco está clara la forma cómo se controla el patrimonio de los funcionarios públicos. Si bien existe una ley que creó el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Personal de la Administración Pública, “no hay listado de obligados, cumplidores e incumplidores”, no hay actualización periódica de la información presentada, las declaraciones juradas son secretas y no hay un control al cesar la función, por lo tanto “no permite detectar en forma temprana posibles inconsistencias entre las variaciones patrimoniales del funcionario y su nivel de ingreso”.
Esas son las líneas centrales del Informe de Diagnóstico sobre la Transparencia y Control de la Corrupción en la Provincia de Entre Ríos que elaboró la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que incluyó una mirada sobre los tres poderes del Estado, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y que contiene una crítica visión.
Según se desprende del informe, los mecanismos de control que existen en la estructura orgánica del Gobierno entrerriano tanto interno como externo, hacen agua por todos lados, ya sea por “la inexistencia de un cuerpo normativo propio” o “por vulnerabilidad en el sistema”.
Si bien están creados los organismos de control, los mismos son endebles y no existe en Entre Ríos una normativa que regule, en el caso del contralor interno —a cargo de la Contaduría General de la provincia— la administración de los bienes de consumo utilizados en la prestación de determinados servicios, entre ellos los medicamentos para hospitales, alimentos de planes sociales o escolares, entre otros.
Por ejemplo, cuestiona que en los hospitales no existan “procedimientos documentados y formalizados para el registro y control de stock de medicamentos e insumos críticos para la función hospitalaria”, o que el sistema de compra “localista” de combustible por parte de las distintas delegaciones de la Dirección de Vialidad resulta “costoso” o que la Dirección General de Compras y Suministros no cuente con un “plan anual de adquisiciones”.
También dice que en la obra social Iosper el “margen de discrecionalidad que habilita la vía de excepción es alto”.
El trabajo, coordinado por el contador Oscar Costa, de la UNL, concluye con un desfavorable resultado para el Gobierno, entre lo que destaca el hecho de que la Contaduría General, órgano rector del sistema de control interno de la gestión económica, carece de “una dotación de contadores auditores que permita atender la totalidad de las dependencias”. Ante esa carencia, el organismo “sólo interviene en los trámites que les son puestos a consideración”. Otro de los puntos vulnerables, es la inexistencia de un sistema informático, que permita en tiempo real la rutina de control, pero lo más preocupante es que “la Contaduría no está obligada a intervenir en todas las órdenes de pago de manera previa a su ejecución”, por “lo que se desconoce el grado de economía, eficiencia y eficacia de la gestión”. Además, advirtió que “no se genera información sobre resultados” de ese control y menos aún se “comunica a la opinión pública”.
En cuanto al sistema de registro de bienes del Estado, el informe destacó que no existe un control permanente que “concilie registros con recuentos periódicos de bienes muebles e inmuebles.
Un comentario separado recibió la tarea del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, organismo de contralor que debe “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos, hecha por todos los funcionarios y administradores de la provincia”. A ese respecto, el informe de la UNL observó que hay “imprecisión normativa respecto de la ubicación del Tribunal de Cuentas como órgano independiente del Poder Ejecutivo”, ya que existe “una relación funcional con el Poder Ejecutivo”.
Pero además, reveló que “entre sus competencias, no se prevé formalmente la realización de auditorias de gestión, que sobrepasen el control financiero y lleguen hasta la efectiva aplicación o uso o destino de los fondos transferidos”. Asimismo, se destaca como ineficaz el control del Tribunal de Cuentas, debido a que “no se establece el momento en que se debe efectuar el control externo, excepto para la revisión previa de ciertos actos administrativos a pedido del Poder Ejecutivo”.
Otra de las irregularidades detectadas, es que este organismo tiene facultades de control pero no jurisdiccionales. Es decir, que aunque el Tribunal de Cuentas detecte falencias, el dictamen no es vinculante para la Fiscalía de Estado, organismo que decide la ejecución o no del juicio administrativo de responsabilidad.
Además, no tiene establecida cuál es su responsabilidad, en caso de incumplimientos o atrasos en las aprobaciones de las rendiciones de cuentas efectuadas por diversos organismos. Tampoco el Tribunal de Cuentas está obligado a dar a publicidad sus actos y si bien hace “sus memorias” en un portal Web, la misma “es parcial e incompleta”.
El trabajo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, ya que si bien este organismo tiene facultades para el control sobre actos y/o hechos de corrupción y en el desarrollo de actividades de prevención, presenta vulnerabilidades normativas y operativas. Entre ellas, se destaca que no se sancionó el Código de Ética Pública que debería guiar el trabajo de prevención e investigación de la Oficina Anticorrupción, mediante tipificación de las conductas sancionables. Tampoco cuenta con un reglamento que fije las pautas de procedimiento de la Oficina y su accionar está guiado de manera supletoria a la Fiscalía de Estado. Asimismo, se detectó que en este organismo “no existe” una reglamentación que establezca mecanismos que impongan a los funcionarios “el deber de denunciar los actos de corrupción de los cuales tuvieran conocimiento”. Se destaca además, que “no existe un mecanismo de protección para los denunciantes”. Otra de las falencias, es que los trámites en los que hoy está actuando la Oficina son los que inició la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Se revela que no existen denuncias penales radicadas por la Oficina Anticorrupción y las que se recibieron desde su creación, se están investigando en sede administrativa.

“Desigual” distribución de la publicidad oficial

El Informe de Diagnóstico sobre la Transparencia y Control de la Corrupción en la Provincia de Entre Ríos pone de manifiesto la “desigual” distribución de la pauta oficial de publicidad.
Tres son los medios de comunicación que ocupan los tres primeros lugares en el “ranking de recepción de publicidad oficial”: en primera lugar, la radio oficial LT 14 “captura” más del 15 % del total de la pauta publicitaria del Gobierno, sumando el medio y sus periodistas. Le sigue en orden de mérito, Canal 9 que se queda con el 9 %; en tercer lugar, el diario Uno, con el 4,3 %. “Los medios radiales son los que captan más de la mitad del total de la publicidad oficial. Entre ellos, LT 14 es el medio con mayor participación en la publicidad oficial (15 %)”, dice el informe.
Luego, pone de manifiesto que los diarios Uno y EL DIARIO “reciben entre ambos casi el 6 % de la publicidad oficial. Pero, entre ambos la distribución es desigual respecto del total de la publicidad oficial en medios gráficos. Diario Uno (60 %) cuadriplica a El Diario de Paraná (16 %)”.
Luego, añade que entre los medios televisivos, “considerando toda la publicidad oficial a la televisión, Canal 9 lleva más del 30 % del total. Así, más que duplica a los canales que le siguen, Canal 13 y Canal 2 y 4”.
El trabajo da cuenta de la importancia de la publicidad de los actos de gobierno en el sistema democrático ya que “asegura que la divulgación de la información dará lugar al ejercicio responsable del poder, en el sentido de rendir permanentemente cuenta por las decisiones que se toman frente a la ciudadanía”.
De todas formas, alerta respecto de que esa difusión de los actos del Estado se hace de manera discrecional en determinados medios de comunicación, beneficiando a unos con la pauta publicitaria y relegando a otros.

Fuente: El Diario