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odos los partidos políticos entrerrianos están movilizados de cara a las elecciones provinciales del 18 de marzo, que por primera vez se realizarán en Entre Ríos en forma separada de los comicios nacionales. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo es que se cumplen los plazos del proceso, simplemente, porque el cronograma electoral todavía no existe. Así lo confirmó el secretario del Tribunal Electoral Provincial, Carlos Vela: “Elevé a los vocales un cronograma tentativo”, informó.
Lo curioso del caso es que según ese cronograma tentativo, ya comenzaron a correr los plazos. De acuerdo al Código Electoral Nacional, los padrones provisorios se deberían haber comenzado a exhibir el pasado domingo, tres meses antes de la fecha de las elecciones internas simultáneas del 17 de diciembre.
¿Por qué ocurre esto? La razón de fondo es que se tomó la decisión política de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales sin contar con una certeza que asegure la operatividad de esa medida.
Hay tres problemas: 1) es la primera vez que la provincia encara sola una elección y no posee estructura para hacerlo; 2) por primera vez también se realizan elecciones primarias en base a una ley provincial (de autoría de Emilio Castrillón) que está siendo cuestionada en su constitucionalidad, y 3) el Gobierno decidió que toda esta novedad se adelante en siete meses: lo que iba a ser en octubre, con la confluencia garantizada de la logística y los recursos económicos nacionales, se anticipó a marzo, con la promesa política de un auxilio del gobierno del presidente Kirchner.

La decisión de adelantar a marzo las elecciones de gobernador, intendentes, diputados y senadores provinciales, concejales y autoridades de juntas de Gobierno fue confirmada por el gobernador Jorge Busti el pasado 10 de agosto. Lo hizo después de que viajara a Buenos Aires a pedirle un permiso político a Kirchner.
La cuestión no es menor, en tanto el desdoblamiento supone dejar solo al Presidente en su proyecto reeleccionista de octubre de 2007. La razón política, nunca del todo explicitada, fue evitar la posibilidad de que Kirchner figurara en la boleta del candidato a gobernador Julio Solanas en una elección provincial conjunta con la nacional, como se ha hecho históricamente en Entre Ríos.
Busti volvió de Buenos Aires sin un aval explícito de Kirchner que, según contó el Gobernador entonces, se limitó a respetar la conformación federal de la Nación Argentina: no dijo ni si ni no, simplemente reconoció que Entre Ríos estaba en su derecho.
Ese 10 de agosto, Busti dijo, en conferencia de prensa, que la provincia contará con “la total colaboración de la Justicia Electoral Nacional y del Ministerio del Interior”, lo que a su criterio “garantiza la absoluta transparencia del acto comicial”. Lo que tenía por esos días era una venia del ministro Aníbal Fernández y del director nacional electoral, Alejandro Tulio para aportar dinero y logística a la provincia.
Recién el 21 de agosto se firmaron los decretos de la convocatoria. Ese día adquirió alguna formalidad la decisión política del desdoblamiento. Pero no toda.

El cuadro de incertidumbre y confusión en el que se desenvuelve el actual proceso electoral se advierte en el diálogo con sus principales actores. Por estos días no es posible hallar certezas ni entre los apoderados partidarios, ni entre las autoridades provinciales y federales en materia electoral. Interrogantes tan importantes como hasta cuándo hay tiempo para presentar candidaturas encuentran respuestas disímiles según quién sea el que haga su cálculo “tentativo” en base a las normas que rigen la materia. La fecha que siempre se menciona es la del 8 de octubre, pero mientras unos creen que si hay lista única pueden esperar hasta el 2 de noviembre, otros lo desmienten. Parece una cuestión de creencias, de fe. Falta el cronograma formal, ese es el problema. Pero no el único, ni el principal. Ocurre que el auxilio logístico de la Justicia Federal en la elección provincial todavía no está garantizado. Esto es clave, en tanto el Tribunal provincial es un ente administrativo que carece de estructura para hacer frente a una elección por cuenta propia.
La cuestión debe ser resuelta por la Cámara Nacional Electoral, mediante una acordada. Pero han pasado ya tres o cuatro reuniones de la Cámara y el pedido de auxilio del gobierno entrerriano no ha sido considerado.
El padrón no se ha exhibido aún porque no existe uno provincial y hasta tanto no lo habilite la Nación no se podrá hacerlo y no correrán los plazos para las correcciones, aunque en teoría la fecha era la del pasado domingo.
Cuando se buscan explicaciones en la Justicia Federal se estima —y sólo se estima— que la Cámara debería contar previamente con el, a esta altura, célebre cronograma ausente, además de un convenio en el que se precise con exactitud qué es lo que le incumbe a cada jurisdicción: padrón, plazos, urnas, documentación, designación de autoridades de mesa, escuelas afectadas al comicio, etc.
En el orden provincial, en cambio, no se tienen certezas oficiales respecto a si es necesario un cronograma previo y se dice que el convenio debe ser posterior a la acordada donde se autorice la participación de la Justicia Federal en la elección entrerriana.
Se comprenderá que, en un marco así, resulta poco menos que una misión imposible averiguar cuánto dinero le costará a la provincia la decisión de separarse de la nación en las próximas elecciones o, dicho de otro modo, la decisión del Gobierno de evitar que Kirchner figure en las boletas de la elección provincial. (El Diario)