L

os docentes resolvieron ayer volver a las medidas de fuerza y, de ese modo, relativizaron la facultad para encauzar el reclamo salarial a la mesa paritaria, ámbito donde el Gobierno hizo una oferta de incremento que los sindicatos tildaron de “insuficiente” y “pobre”: apenas 30 pesos a partir del 1º de octubre.
El congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que ayer sesionó en Rosario del Tala, rechazó de plano esa propuesta, aunque para evitar que el conflicto se entrampe en alguna red legal, el argumento para declararse en “estado de beligerancia” a partir de hoy es formal: el incumplimiento del Gobierno al punto séptimo del acta acuerdo firmada en abril último.
Allí se previó la participación de los sindicatos en el debate del presupuesto educativo 2007 y para ello el Consejo de Educación se comprometió a “dar amplia participación a los gremios signatarios en el debate del Presupuesto Educativo que se proyecte para el año 2007, proveyendo al afecto toda la información disponible”.
“Ese debate nunca estuvo, no nos dieron participación. Y sin certezas sobre el presupuesto no se puede prever una pauta salarial para el año que viene, no se establece qué monto de inversión habrá en infraestructura ni tampoco hay previsión respecto a si se podrá saldar en un pago en enero la deuda con los jubilados”, argumentó Sergio Elizar, secretario general de Agmer.
El plan de lucha incluye la realización de una huelga el próximo miércoles 27 (la segunda en lo que va del año, la primera fue el 16 de agosto pasado) que incluirá además una marcha provincial, y un paro de 48 horas para los días 3 y 4 de octubre próximos.

Hace una semana, el Gobierno había presentado la propuesta de blanquear el 50 % del código 017 (la primera parte lo había hecho entre mayo y agosto últimos) y pidió llevar la paritaria a un cuarto intermedio hasta una fecha imprecisa que debía ser antes del 30 del actual. Ese aplazamiento, y la falta de una oferta salarial más amplia, obedeció a la falta de certezas de la Provincia respecto de los recursos coparticipables de la Nación.
Claro que el ofrecimiento no cayó bien entre la docencia. Al congreso de Rosario del Tala las 17 seccionales que conforman Agmer llegaron con mandatos que, en la amplísima mayoría de los casos, incluía la adopción de paros progresivos, de entre 24 y 72 horas. Aunque el gremio se cuidó de no limitar el planteo sólo a lo salarial, sino que reclamó “mayor inversión y presupuesto para educación” de modo de satisfacer además requerimientos en materia de infraestructura y mobiliario en las escuelas, y formación docente.
Aunque la cuestión salarial se impuso por sobre el resto, particularmente frente a la política que desarrolló el Gobierno que, a criterio del gremio, terminó por “achatar” el escalafón, acortando diferencias. Un estudio sobre la grilla salarial hecho por la seccional Uruguay de Agmer da cuenta de ese “achatamiento”: con un salario de 850 pesos un maestro de grado, sin antigüedad, tiene garantizado un ingreso que está apenas por debajo de otro con 60 % de antigüedad, que percibe sólo 945 pesos; y a muy corta distancia de un director de escuela de primera categoría.

A LA JUSTICIA. El nuevo plan de lucha crea un nuevo escenario sobre la última fase del ciclo lectivo 2006, que hasta ahora venía desarrollándose sin sobresaltos. A principios de año, cuando Agmer amagó con un plan de lucha que pudo hacer naufragar el normal comienzo de las clases, el Gobierno recurrió a la Justicia con una presentación en la que reclamó que se llame a conciliación obligatoria.
La jueza Gabriela López Arango, titular del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, hizo lugar a la presentación, y obligó al gremio a dejar en suspenso un paro de 24 horas que había adoptado en rechazo a la oferta salarial del Gobierno de llevar el salario mínimo garantizado a 750 pesos, a los que se sumaban 100 pesos “en negro” que aportó la Nación. Se abrió así una instancia de negociación que desembocó en la firma de un acuerdo paritario el 20 de abril y que se extiende hasta el 30 del actual. La negociación que se había abierto ahora apuntaba a fijar una pauta salarial para el último trimestre del año, pero la oferta del Gobierno fue considerada insuficiente por el sindicato, que ahora se declaró en estado de beligerancia.
Frente a ese panorama, será la Dirección de Trabajo la que deberá citar a una audiencia de conciliación de partes, y en ese ámbito el Gobierno tendrá la obligación de presentar una oferta salarial mejorada. Cumplido ese requisito y sin que haya acuerdo de partes, quedará entonces otra vía abierta: que el Poder Ejecutivo vuelva a recurrir a la Justicia para poner piedras en el camino de las medidas de fuerza sindicales. (El Diario)