P
or intermedio de su apoderado, Alejandro Carbó, la Unión Cívica Radical formalizó el miércoles pasado la presentación de un amparo en resguardo de los derechos políticos. El partido pidió la declaración de inconstitucionalidad de los decretos Nº 5.056 y 5.057 que reglamentan la ley electoral Nº 2.988 y sus modificatorias y la ley Nº 9.659 de internas abiertas y simultáneas que tendrá aplicación por primera vez.
Ante ese planteo, la Cámara primera en lo Criminal, sala I, corrió vista al Gobierno el jueves a la noche para que haga su descargo. Unas vez que ello ocurra —en un plazo de siete días— quedará habilitada para dictar sentencia. Puede rechazar o hacer lugar al planteo de la UCR.
Si declara la nulidad de los decretos podría suspenderse el proceso.
Se supone que en un caso así, Fiscalía apelaría al Superior Tribunal, y los efectos dependerán del carácter devolutivo o suspensivo del fallo. En el primer caso, el proceso se detendría hasta que se resuelva la cuestión de fondo y, en el segundo, la ejecución de la sentencia se suspendería hasta su resolución definitiva.
EL PLANTEO. Con relación al decreto 5.056/06, se asegura que “es nulo de nulidad absoluta, por violar de manera expresa y sin condicionamientos la ley 2.988, y sus modificatorias al expresar que la elección se celebrará el 18 de marzo de 2007”. Esta disposición contradice “las prescripciones del art. 94 de la ley 2.988, reformada en este punto, que indica que deben celebrarse el 4 de marzo de 2007, el primer domingo de marzo”, de acuerdo a lo que establece la ley.
También se cuestiona el decreto 5.057 reglamentario de la ley de internas abiertas y simultáneas que, a su vez, también ha sido motivo de una presentación judicial por parte de la UCR que aún no ha tenido resolución.
En este sentido, se afirma que el decreto en cuestión “deviene en los hechos, no sólo ilegal, sino ilegítimo” por pretender reglamentar una norma cuestionada, entre otros puntos, porque habilitaría que afiliados a un partido voten en la interna de otra fuerza, al tiempo que quita margen para la incorporación de las minorías en las listas de candidatos.
