Crecimiento económico sostenido con baja inflación,
reducción en el desempleo, aumento en la capacidad de compra de los
trabajadores, mejoras en la distribución del ingreso, expansión del crédito,
estabilidad cambiaria y bajos niveles de deuda convierten a Bolivia en uno de
los países sudamericanos más exitosos de la última década. ¿Existen
motivaciones económicas detrás del golpe de Estado que forzó la renuncia del
presidente Evo Morales?
A los imprescindibles elementos políticos, sociales,
culturales e históricos que permiten aprehender la dinámica de la violenta
interrupción del orden democrático boliviano se suma la disputa por la
apropiación de la renta de los recursos naturales. La renacionalización de los
hidrocarburos en 2006 constituye el punto de partida para el destacado
desempeño macroeconómico de Bolivia pero, a su vez, representa un terreno de
tensiones no resueltas entre el fortalecido Estado, las elites locales
tradicionales y las corporaciones extranjeras.
Las estimaciones difundidas el lunes por la CEPAL indican
que Bolivia crecerá 3,5 por ciento en 2019. Marcará así el mejor desempeño
entre los países de América del Sur donde el organismo regional espera que el
nivel de actividad en Argentina se desplome 3,0 por ciento y Brasil registre
apenas una mejora de 0,8 por ciento.
Las cifras elaboradas antes del golpe de Estado anticipaban
que, a pesar de la reducción en la producción y exportación de hidrocarburos,
la economía boliviana mantendría su dinamismo y liderazgo regional durante
2020. Las proyecciones de la CEPAL están en línea con las publicadas por el FMI
a finales de octubre.
El éxito boliviano no residió en el sostenido crecimiento
económico sino en que ese proceso fuera acompañado por mejoras en las
condiciones de vida de los sectores populares. “La inversión pública en
proyectos sociales, las políticas de transferencias, el aumento de las
remuneraciones, el menor desempleo y las ganancias de los trabajadores rurales
se han traducido en importantes avances en la disminución de la pobreza”,
expresa la CEPAL en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019
para precisar que al finalizar el año pasado la pobreza extrema llegó al 15,2
por ciento, una reducción de 23 puntos porcentuales en relación con el nivel
del 38,2 por ciento registrado en 2005.
La condición de posibilidad para la versión boliviana del
modelo crecimiento con inclusión social reside en la renacionalización de la
explotación de gran parte de sus recursos naturales el 1º de mayo de 2006
implementada por el entonces flamante gobierno de Morales.
“La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y
mineros fue el puntapié inicial para el fortalecimiento del Estado y, por lo
tanto, de la soberanía nacional boliviana. Al calor de una estructura
productiva con una fuerte participación estatal, pero que no por eso prescinde
del capital privado, el gobierno decidió darle un fuerte impulso a la inversión
pública en producción e infraestructura. Este camino se emprendió sin descuidar
el frente social, avanzando en la construcción de un Estado de Bienestar”,
expresan los economistas Juan Ignacio Balasini, Mariano Beltrani y Juan
Cuattromo del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán
Abdala.
“Estas decisiones tuvieron efectos macroeconómicos
decisivos, ya que arrojaron como resultado un notable incremento en los
ingresos del fisco y, consecuentemente, en el tamaño del Estado boliviano”,
señalan los investigadores en Crecimiento y sostenibilidad: El caso de Bolivia
al referirse al proceso que luego se completaría con la apropiación estatal de
la renta minera, el segundo motor en importancia de las exportaciones boliviana
después de los hidrocarburos.
El aumento en la recaudación asociado a esas medidas
posibilitó un incremento significativo en materia de gasto en infraestructura y
social que resultó en la vertiginosa mejora en los indicadores de ocupación,
pobreza y desigualdad. Entre las políticas redistributivas implementadas
durante la gestión del Movimiento al Socialismo se destacan los programas
Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad (la cobertura de esos programas
alcanzaba a poco más del 40 por ciento de la población en el 2014) así como el
incremento en el salario mínimo. Balasini, Beltrani y Cuattromo enfatizan que
las mejoras en la distribución del ingreso no solo respondieron a la
implementación de esas políticas sino al impulso generado sobre la demanda
interna.
La política redistributiva estuvo acompañada a lo largo de
la última década por un nuevo esquema de política monetaria que, como
identificó el investigador Demian Panigo durante el XI Encuentro de Economistas
celebrado en Bolivia a mediados de año, tiene como objetivo no sólo una
inflación baja, también al desarrollo económico social a partir de una coordinación
entre la política monetaria y fiscal así como la estabilidad del tipo de
cambio. El esquema vigente a lo largo del gobierno de Morales, advierte Panigo,
requirió de un proceso de “desdolarización como pre-condición necesaria para
contar con un sistema financiero estable” que recurrió a un amplio conjunto de
instrumentos y regulaciones.
La forzada renuncia del gobierno democrático y el estrecho
vínculo que exhiben algunos de los golpistas emergentes con importantes
empresas del sector hidrocarburífero, así como el papel de desempeñado por
Estados Unidos a través de la OEA, expusieron las restricciones políticas,
sociales, culturales e históricas del proceso de crecimiento con inclusión
boliviano apalancado en la apropiación estatal de la renta los recursos
naturales.
La insoslayable hipótesis económica vinculada a las
tensiones no resueltas abiertas tras la renacionalización de los hidrocarburos
y la minería es, sin embargo, insuficiente para comprender las dinámicas
internas que llevaron al golpe de Estado en Bolivia. El rol de las fuerzas
policiales, la falta de respaldo urbano al gobierno, el papel de los medios de
comunicación y sus voceros, el revanchismo de clase, las transformaciones en
los procesos electorales, las disputas al interior del Estado ante la falta de
rotación del personal políticos y la historia de insurreciones boliviana
constituyen elementos imprescindibles para entender el golpe de Estado que
aportan desde distintos medios de comunicación en Argentina expertos y
analistas como Pablo Stefanoni, Atilio Borón, Ayelén Oliva, María Laura
Carpineta o Juan Manuel Karg, entre muchos otros.
(*) Periodista. Autor junto a Santiago O'Donell del libro "ArgenPapers. Marcas de agua”. Artículo publicado originariamente en el diario Página 12 el martes 12 de noviembre de 2019.