Opiniones
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Miércoles 27 de noviembre de 2019
Escribe: Alberto Rotman (*) : Interrupción legal del embarazo como política pública

La derogación del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo merece nuestra atención, reclama que, como políticos no nos hagamos los distraídos.

Todo gobierno encuadrado en un sistema democrático debe cimentarse en algunos conceptos que hacen a las Políticas Públicas, las cuales, al tener vigencia en todo el país, sean aplicadas en todo el territorio Nacional. Es necesario señalarlo nuevamente aunque parezca obvio.

Una de estas Políticas Públicas debe ser un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). Es una guía, es saber qué hacer en una situación determinada.

De ésta forma se elaboró un Protocolo que por primera vez hubiera figurado en la legislación nacional. "Es un gran avance porque reconoce los derechos que ya son ley, actualiza los criterios que establece el Código Civil y termina con la posibilidad de interpretaciones libres sobre el texto, acerca de las causales que autorizan la interrupción legal del embarazo, de modo que no puedan existir dilaciones ni que se judicialicen los casos".

El Protocolo también avanzaba sobre un tema que era un gris en el texto anterior: la responsabilidad de los médicos. .

Este Protocolo fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, privando así de una norma que recopilaba y actualizaba toda la legislación vigente en nuestro país, terminando con interpretaciones ambiguas en un tema tan sensible como es la ILA.

Este hecho desencadeno la renuncia de quién fue el autor intelectual de este norma, el Secretario de Estado de Salud Dr. Adolfo Rubinstein, un científico de la salud, cargado de pergaminos que avalaba y jerarquizaba su lugar en la estructura del Gobierno Nacional.

Por esto, como hombre comprometido con la Salud Pública, como ex secretario de Estado de Salud de la provincia de Entre Ríos y como radical, expreso mi solidaridad y acompañamiento al Dr. Adolfo Rubinstein, que, como expresa la UCR Nacional, "no ha hecho más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional".

(*) Diputado provincial por Cambiemos.

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