La necesidad de contar con fondos públicos suficientes que permitan asegurar respuestas adecuadas a la amenaza del COVID19 trae una reorientación del gasto público con el objetivo de fortalecer no solo el Sistema de Salud, sino también brindar ayuda a diversos sectores que se han visto afectados por la pandemia.

En forma previa a abordar la temática que nos ocupa, hemos de considerar que la pandemia del coronavirus es una prueba de fuego para las prácticas del Buen Gobierno Gubernamental. Aquellos gobiernos que se preocupan por la buena administración, probablemente van a tener mejores oportunidades de salir adelante respecto de aquellos gobiernos que no han hecho de de la buena gestión una virtud de su gobierno. Esta es una prueba para el buen uso de los recursos públicos, como así también para los órganos encargados de la fiscalización de los mismos.

Venimos siendo testigos de un alteración de paradigma que nos llevó de un control de cuentas exhaustivo a controles sobre si las políticas públicas responden a los problemas de la sociedad. Hoy el desafío es ver en qué momento y cómo los organismos de fiscalización participan del control en la emergencia.

Los recursos públicos involucrados en la lucha contra el coronavirus presentan riesgos y exigen formas de control diferenciados. El Estado se configura de una manera diferente ante la ciudadanía, está cambiando el modo de llevar adelante sus acciones y esto hace que el control público sea indispensable y que también tenga que cambiar.

En tal sentido, la emergencia global constituye un riesgo de corrupción por tres factores:

1)    Requiere acciones gubernamentales rápidas que dificulta que se lleven adelante los procedimientos de compras y contrataciones por intermedio de licitaciones que garanticen la correcta administración de los dineros públicos. En efecto, se ha asistido a denuncias por sobreprecios (en algunos casos exorbitantes) de productos adquiridos en el marco de la lucha contra la pandemia. Los procedimientos de compra del Estado prevén excepciones para situaciones excepcionales como es una emergencia. En ese caso, los plazos de los procesos de compras se acortan y los requisitos se flexibilizan. Pero no por esto pasan a ser compras discrecionales o licitaciones a medida. Por ello se requiere una presencia activa de los órganos de control procurando lograr aún en la emergencia las premisas de Eficiencia, Eficacia, Economía y Efectividad del gasto público.

2)    Hay un alto flujo de recursos públicos que significan compras e inversiones que en muchos casos tienen poca trazabilidad y ello representa un desafío sobre todo para quienes tienen a su cargo el control posterior.

3)    Las compras médicas y farmacéuticas son altamente especializadas, siendo un elemento muy importante a tener en cuenta es que estamos ante un escenario de emergencia sanitaria global, es un virus que requiere compra de medicamentos, equipamientos e insumos médicos en general. Estas compras no solo son especializadas, sino que en muchos casos escasas frente a la demanda global, los organismos de control no tienen la capacidad técnica de saber si el medicamento o insumo adquirido es el más adecuado o si la diferencia de precio se encuentra o no justificada,  ya que su control es de carácter financiero, por ello hace que su control sobre lo que se termina abonando sea muy difícil. 

En consecuencia el COVID-19 puede representar un riesgo para la corrupción, es una situación que tiene que mantener alerta tanto a los órganos de control como a la sociedad civil, no solo porque hay una gran cantidad de recursos públicos que están involucrados y que van a seguir estando involucrados en tanto y en cuanto se prolongue en el tiempo, sino porque el mal uso de esos recursos ya no significa solamente la pérdida de esos recursos fiscales sino que va a significar la incapacidad de dar respuesta a los sectores más vulnerables como son los adultos mayores, las familias en emergencia y los menores en situación de pobreza, es por ello que el control público es clave para enfrentar la pandemia.

Hemos de tener en cuenta que el control debe ser ejercido con oportunidad y sentido de urgencia. Evidentemente el sólo hecho de que los responsables de la administración sepan que tanto los órganos de control como la sociedad civil están vigilantes, de por sí genera un control al que podríamos llamar “preventivo” frente aquel que realizando su actuación (evitando sobreprecios en compras públicas, aumentando la eficiencia del gasto público o disminuyendo el mal uso de recursos), es por ello que el control tiene que ser oportuno respecto de aquellos sectores donde se están enfocando esa gran cantidad de recursos y también tiene que tener ese sentido de urgencia, debiéndose reenfocar el control habitual y utilizar herramientas y tecnología disponible para priorizar áreas más riesgosas y con mayor impacto.

Los órganos de control deben actuar con transparencia, colaborando en aumentar la confianza en las instituciones que es fundamental para el buen gobierno, publicando en tiempo real la información disponible sobre la pandemia, comunicando a los ciudadanos los controles realizados y sus resultados.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que el control es más importante que nunca en éste tiempo donde los recursos a invertir parecieran no ser suficientes o escasos, por eso el control tiene que ser de carácter inteligente, bien enfocado y maximizando el uso de los recursos, sin que el control sea un impedimento para que quienes están al frente de la lucha contra la pandemia se sientan obstaculizados para realizar su labor.

(*) Abogado.