El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en Argentina, puso en la encrucijada el debate entre libertad y seguridad. En nombre de la seguridad, o de la salud, si se prefiere, se restringieron libertades.

La situación de Aislamiento potenció, además, la virtualización de muchos aspectos de la vida de las organizaciones y de la cotidianeidad de las personas. Esto no es nuevo. Ya viene desarrollándose desde hace varias décadas pero ahora, lo sabemos, llegó para quedarse. Así fue como el trabajo, la educación, el comercio, la atención de la salud y el ocio, en su múltiples expresiones, se virtualizó y encontró en las plataformas digitales un lugar que es espacio de comunicación entre productores y consumidores de bienes y servicios múltiples.

Internet es el telón de fondo sobre el que se desarrolla esta película y donde, hasta el momento, reina la libertad que ahora podría verse restringida si la legislatura entrerriana aprueba el proyecto de Ley para cobrar impuesto a las plataformas digitales presentado por los Diputados del Bloque Justicialista Frente Creer. Esta iniciativa es, en principio, inoportuna por varias razones: en primer lugar porque gravaría impositivamente prácticas que el mismo Estado propició y en segundo lugar porque, de aplicarse, es esperable que los costos derivados de esta alícuota especial, en el Código Tributario, los terminen pagando los consumidores ¿Acaso alguien supone que los productores asumirán por su propia cuenta estos costos?.

El Estado tiene potestad para fijar normas y es correcto que las establezca, incluso sobre el mercado de internet y las plataformas digitales, pero es poco atinado considerar en igualdad de condiciones a una PyME, a un emprendedor que a una gran compañía multinacional.

La idea es, además, impracticable. ¿De qué manera o a través de qué autoridad de aplicación podría el Estado Provincial garantizar el cumplimiento de tamaña empresa?

Finalmente, y tal vez lo más importante, son las razones que motivan al oficialismo provincia. Según puede leerse se indica que el propósito es "contar con recursos extraordinarios que permitan disminuir los efectos de la Ley de Emergencia Solidaria desafectando a activos y pasivos". ¿De qué manera se haría esto? ¿En qué proporción desafectaría los recursos de activos y pasivos? Nada de esto se indica, al menos de momento, en la comunicación pública que da a conocer el proyecto.

En definitiva, el Gobierno provincial, busca crear un tributo más sin mirarse el ombligo y ver de qué manera reduce sus propios y elevados gastos, como ya lo hizo en la reciente sanción de la Ley de Emergencia Solidaria. Esperemos que esta vez no haya tratamiento express y haya debate.

(*) Licenciado en Comunicación Social. Secretario de Modernización y Gestión del gobierno de Chajarí