Entre Ríos durante muchos años del siglo XX tuvo gobiernos progresistas y eficientes que, entre otras cuestiones, nos dieron una distribución demográfica ejemplar, ciudades y pueblos prósperos con educación y salud pública creciente y una red vial y obras que acompañaban el progreso.

Hoy, el símbolo de la contracara de ese rico pasado es Concordia, otrora emblema de pujanza, convertida luego de 37 años consecutivos de gestiones peronistas en la localidad más pobre de la Argentina.

Pero, lamentablemente, sigue la larga enumeración del deterioro provincial:

El BERSA que supo ser palanca de desarrollo del campo, la industria y el comercio, convertido sólo en un negocio para banqueros y dirigentes políticos nacionales y locales, aún manejando cientos de miles de millones por ser el agente financiero del Estado.

La inversión en obras públicas ha sido mínima, por más empeño que le pongan a anuncios rimbombantes. De acuerdo a la tendencia de las ejecuciones presupuestarias de los últimos años, en el 2021 la inversión en ese rubro no llegará al 4%. Se han pasado emparchando o arreglando obras mal hechas.

El déficit de la Caja de Jubilaciones es tremendo (aproximadamente 20 mil millones se anuncia para 2021, el doble de lo presupuestado para obras), y las autoridades lo comentan como si se tratara de un tema ajeno o lejano a sus responsabilidades.

Lo mismo respecto al IOSPER, cuyo directorio a menudo ha informado sobre las dificultades crecientes para atender la salud de casi la mitad de los entrerrianos y responder a los prestadores. El Estado, ausente.

El actual espasmo portuario del gobernador junto al festival de convenios con Nación habla a las claras del indisimulable reconocimiento íntimo de Bordet respecto a la casi nula preocupación por estos temas durante años. Hay que recordar que Holt Ibicuy, puerto de notables condiciones naturales, estuvo paralizado un largo tiempo debido a un descomunal desfalco de funcionarios del Partido Justicialista. Hoy, tanto allí como en Concepción del Uruguay y Diamante, la actividad es mínima. Esperemos que las promesas y puestas en escena se concreten pronto.

Así podemos seguir con Vialidad que tiene una escasa operatividad en varios departamentos, o la política de Viviendas, con respuestas insignificantes.

Lo de Educación es grave. Al alarmante diagnóstico que lleva quince años -por lo menos- y se reitera anualmente respecto a que el 50% de quienes ingresan al secundario no lo terminan en tiempo y forma más el abandono definitivo y la repitencia, se suman hoy los serios problemas generados por la pandemia, la cuarentena y la falta de respuestas ágiles y responsables del gobierno. Parece que para las autoridades el crecimiento económico y los trabajos dignos no tienen nada que ver con la educación de calidad. Todavía no hay certezas sobre cómo recuperar saberes el próximo año.

Como si esto fuera poco, se continúan poniendo en peligro principios republicanos básicos. Se dejó el máximo organismo de control, como es el Tribunal de Cuentas, en manos de un dirigente oficialista, para que las rendiciones sean un trámite y los expedientes pasen sin observaciones.

Párrafo final para el Ministerio Público Fiscal que, con la intromisión del gobernador a través de su ministra de Gobierno y Justicia, se ha transformado en un defensor de corruptos, como lo demuestra el caso Allende, o en un cajoneador de causas resonantes, como la de los contratos truchos en la Legislatura (período 2008-2018) cuyos principales ex funcionarios ni siquiera han sido convocados a declarar. Seguramente el Poder Ejecutivo provincial tiene miedo de lo que puedan decir acerca de los protagonistas y destino de los millonarios fondos robados al Estado.

La nota de optimismo de estos tiempos es el enorme compromiso social que se ve en las protestas y reclamos que son una valla insalvable contra los atropellos. Entre Ríos abandonará a quienes la atrasaron con indecencia e indiferencia y volverá a ser grande.

(*) Diputado Provincial (UCR-Juntos por el Cambio)