Hace 200 años Francisco "Pancho" Ramírez, junto a otros caudillos, luchó por instituir el Federalismo frente al centralismo establecido en Buenos Aires. Los porteños, vale recordar, adquieren esa denominación por su proximidad con el puerto que, por entonces (así como hoy) era un asunto capital.

Buena parte de la disputa histórica entre Buenos Aires y las provincias, durante el siglo XIX, tuvo que ver con el control de la aduana y el puerto. La fuerza instituyente, no obstante, no pudo con el poder instituido y la situación se saldó recién hacia mediados de siglo.

A 200 años de estos hechos la historia hoy nos pone nuevamente frente a un debate similar. Este nuevo capítulo lo constituye, la Hidrovía Paraná-Paraguay, que es una vía natural, navegable, conformada por los ríos Paraguay y Paraná por donde, se estima, circula el 80% de la exportación nacional.

Ahora bien: ¿cuál es el estado actual de la Hidrovía? La misma está concesionada a empresas privadas desde 1995, cuando bajo la excusa de la "reforma del Estado" el gobierno peronista de Carlos Menem delegó la administración de la Hidrovía en privados foráneos. La firma belga Jan de Nul tiene la concesión y su contrato vence el 20 de abril de 2021.

Ante esta situación el Gobierno de Alberto Fernández, en agosto pasado, suscribió con los Gobernadores de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe el denominado Acuerdo Federal de la Hidrovía.

Bordet fue parte de la foto que, además, establecía la decisión de crear una sociedad del Estado para la administración federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con participación del 51% para el Estado nacional y el 49% para las provincias intervinientes. En este esquema, a Entre Ríos le correspondería un 7%. Esto implicaba, de alguna manera, reanudar el control de la Hidrovía, fortalecer la soberanía del país y la aplicación de criterios federales en su administración.

Sin embargo, llamativamente, dos meses después el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 949/20 por intermedio del cual facultó al Ministerio de Transporte de la Nación a elaborar pliegos para un nuevo llamado a licitación para concesionar la gestión y cobro de cánones por el dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná. La decisión le valió al Presidente reproches dentro del propio oficialismo del Frente de Todos.

En términos de recursos la gestión de esa vía navegable genera una facturación de unos 200 millones de dólares al año. Si se aplicara el Acuerdo Federal de la Hidrovía Entre Ríos podría obtener unos 14 millones de dólares al año que, convertidos al valor oficial, significarían unos 1302 millones de pesos, una suma nada despreciable para una Provincia en crisis y default. Estos recursos podrían destinarse al desarrollo de la infraestructura portuaria, como así también de las comunidades asentadas a la vera del río.

El silencio oficial de las autoridades provinciales, ante estos hechos, aturde y no se avizora una encendida defensa de los recursos y los intereses de los entrerrianos. Por eso es clave poner este tema en la agenda de discusión pública, legislativa e institucional, porque además de recursos se trata de soberanía y de la posibilidad de mejorar la infraestructura portuaria provincial.

Es imperioso, además, avanzar en obras para mejorar la navegación y la ampliación de otros tramos de la Hidrovía, como el canal Magdalena, ya que esto potenciaría la navegabilidad de los puertos argentinos en su conjunto. De este modo se consolidaría una salida alternativa al Atlántico por aguas argentinas y se garantizaría la vinculación de los puertos atlánticos con los fluviales.

El Gobernador Bordet y el oficialismo provincial tienen, en esta circunstancia, la oportunidad de hacer suyo el legado ramiriano y el ideario del federalismo para trazar un eje de desarrollo estratégico para el futuro. Es clave que no dejemos pasar esta oportunidad.

 (*) Presidente Municipal de Chajarí (departamento Federación).