Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho pero la realidad es que el proceso contra la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche, designada contra legem por Jorge Amílcar Luciano García, ha demostrado que el MPF pretende no solo el monopolio de la acción penal publica sino el monopolio del régimen disciplinario de los magistrados, en ese esquema pueden juzgar a quien quieren y como quieren, y ehcar a quien quieren cuando quieren, o peor aun proteger a quien quieren como seria el caso de la Dra. Goyeneche.

Mi denuncia la formule en Julio del 2021, con el único propósito de que se investigue lo que era vox populi, y para eso realice un escrito donde recogí minuciosamente de distintas fuentes periodísticas, donde daba cuenta de la relación entre Goyeneche y un imputado la decisión de secuestrarle un teléfono a un cadete del estudio de ese imputado y el porque no fue convocado ni como testigo Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal y mencionado por un testimonio en la causa.

No se puede engañar a todos durante todo el tiempo, y esta coartada de la fiscal suspendida, es una victimización con la ayuda principalmente de Daniel Enz (con dos medios, uno paranaense y otro de concordia que replican o producen contenidos para que este publique), los 102 fiscales que firmaron la solicitada en apoyo, Jorge García, y un puñado de operadores judiciales, además del grueso de la dirigencia de Juntos por el Cambio.

El marido de Goyeneche es confeso militante de Juntos por el Cambio, y tuvo la suerte no solo que el MPF no lo llame ni moleste para nada por los contratos truchos de la legislatura entrerriana, sino que además el formaba parte del equipo de funcionarios del HCD que presidio Josefina Etienot donde se denuncio la existencias de contratos sobrefacturados, donde los beneficiarios cobraban solo una parte del total, y ningún fiscal abrió si quiera de compromiso causa por esos hechos que fueron públicos y publicados por muchísimos medios.

El marido de Goyeneche trabajo en el ministerio de Salud donde Giano era ministro y Urribarri Gobernador, se ve que allá por esos años no les hacia ruido esos nombres, años en los que personalmente denuncie innumerables hechos de corrupción en donde jamás formaron causa ni imputaron a personajes como Silvio Moreyra quien logro pasar de una fotocopiadora a un imperio de caballos y fortuna que parecio no interesarle, al menos no tanto como la tarjeta de crédito de un ex intendente o el tomacorrientes de Gueleguay en fin sin política criminal pasan estas cosas y la responsabilidad aquí es exclusiva del procurador.

El MPF ha convertido a los fiscales suplentes e interinos en militantes, que pierden tiempo en solicitadas, barras, reuniones, apoyos mientras nos matan las mujeres, prolifera el narcotráfico, y los casos se resuelven solo cuando logran asustar tanto al imputado que accede a un juicio abreviado.

Hasta el cansancio he explicado que jamás forme parte del Urribarrismo, no es cierto como dice Enz que solo he denunciado jueces, y he firmado o patrocinado un montón de denuncias contra funcionarios de Urribarri que Goyeneche, García o el fiscal de turno archivaron; así patrocine la primera denuncia de contratos truchos, organismos descentralizados, a Silvio Moreyra, un ex vice intendente, un ex concejal de Victoria.

Todas han tenido tramite la única que fue rechazada in limine fue el Jury a Jorge Amílcar Luciano García, que tras ese rechazo interpuse un amparo y el Jury debió admitir la denuncia que luego fue desestimada.

La estrategia Goebbeliana de mentir puede rendir frutos en LN+, pero acá nos conocemos todos, y no hay un entrerriano de a pie interesado en Goyeneche, la gente por culpa de García principalmente, hace mucho dejo de creer en el sistema Penal, y aunque Gamal Taleb sostenga que los persiguen porque persiguen a poderosos la realidad es que el actual MPF solo persigue los pobres o perejiles en las causas de corrupción para tapar las causas importantes. Insulta la inteligencia de los entrerrianos sostener que el déficit de la provincia, el mejoramiento de calidad de vida de dirigentes (nunca acorde con los sueldos), se explica por el desvió de fondos en un parador, unas estáticas en la ruta, unas palmeras, o en la construcción de una escuela con dineros de vialidad, o haber enchufado un parlante al alumbrado publico para un acto del día de la mujer, haber repartido unas chapas, cobrar 1000 pesos para entierro en un cementerio, entre otros muchos delitos de bagatela que conforman la “enorme cantidad de causas de corrupción de la provincia”.

Lo que la gente piensa es que cobran muchísimo dinero, y le complican la vida a la gente, o de mínima no se la solucionan, el sistema penal se ha privatizado, quien no tiene dinero para un abogado estudioso, o amigo de la procuración, es conducido a debates done los testigos son empleados de la fiscalía, policías, o “idóneos” disfrazado de “peritos”, todo con la complicidad de algunos jueces de garantías y de juicio.

La propuesta de Goyeneche es que tienen que esperar el resultado del amparo, que no esta dirigido contra el HJE, que además en principio solo esta cuestionada la integración de la acusación no su validez total, y en realidad lo que buscan impedir una resolución antes del 30 de Mayo, quieren salir salvados por la campana, nunca explicar porque Goyeneche se ato a la causa.

Los legisladores de Cambiemos, que muchos estuvieron en el periodo sospecha, ¿no tienen nada que ver en la causa Contratos Truchos?; por acción u omisión muchos fueron responsables, deberían guardar la prudencia necesaria, porque así como yo muchos entrerrianos realmente queremos saber de qué se trata, y nos explique porque actuó como actuó, y esa respuesta solo la puede dar el HJE.

(*) Abogado denunciante