E

l tribunal integrado por Mariela Rojas de Di Pretoro, Fabián López Moras y Alberto Seró dictó la medida y remitió el expediente nuevamente a la jueza de Instrucción Alejandra Gómez, para que evalúe si quedan pruebas por producir o si directamente se debe dictar el sobreseimiento del jefe comunal y el funcionario municipal. En la resolución se consignó que la calificación legal por la cual se imputaba al intendente y al secretario de Obras Públicas era “errónea”, tal como lo había planteado el abogado defensor, Emilio Matorral, y revocó el auto de procesamiento que había dictado la jueza de primera instancia por considerar que los elementos acopiados a la causa no eran suficientes para tornar una imputación. Erro reconoció que “esperaba el sobreseimiento” pero aseveró que “los dirigentes políticos y los funcionarios judiciales les debemos respeto a la gente porque cumplimos tareas para el Estado. Hay prioridades que uno palpa en la calle y que deberían atenderse por sobre todas las cosas y dar respuesta”. El hecho se produjo antes de las elecciones del 28 de junio de 2009, cuando la Municipalidad utilizó uno de los medidores que le alquila a Enersa, para casos de emergencia. Los funcionarios están acusados por el delito de malversación de fondos públicos por utilizar un medidor de luz, que la comuna le alquila a la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), en una unidad básica que funciona en una casa que es propiedad del propio intendente y Erro y Dellagiustina firmaron el pedido del alta del medidor, colocando como domicilio de cobro la Municipalidad. (El Diario).-