L
a polémica en torno del otorgamiento de nuevos licencias de taxis y remises que envuelve hace varias semanas a la Ciudad de las siete colinas deja al descubierto la incredulidad de las autoridades municipales, por los datos que arrojó el último Censo Nacional de Población y Hogares.
La cantidad de licencias para el autotransporte de pasajeros se disponen según la población a atender, en base a un cálculo estimado de tres o cuatro permisos cada 1.000 habitantes.
En las últimas semanas, el sector se alzó en contra de la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de ceder 35 nuevas licencias de taxis y 10 de remises.
Los actuales taxistas sostienen que la medida implicará menos trabajo, ya de por sí muy bajo a excepción de los días aptos para el turismo. Mientras tanto, el gobierno municipal se sostiene en que en la ciudad vive un 30% más de personas que lo que indicó el Censo 2010.
Así, más allá de los intereses sectoriales de las partes, la situación trajo nuevamente la contrariedad generada en 2010, cuando se conocieron los primeros datos de las encuestas elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Sin datos aún de las ciudades, los resultados provisorios arrojaron que en el Departamento Victoria habitan unas 35.951 personas, por lo que razonablemente se infiere que en Victoria la cifra no sería superior a los 32.000 habitantes. En 2001 había 28.492 victorienses.
Las autoridades municipales sostienen que la población estable actual es del orden de los 42.000.
A días del realizado el censo, en Victoria hicieron pública que los primeros datos “no arrojaron con rigurosidad”, el real impacto demográfico que vivió la ciudad, tras la habilitación del puente con Rosario.
“Se queda corta”, confió un funcionario entonces, basado en aspectos empíricos y en otros como por ejemplo, el incremento de las partidas de tasas, entre otros.
Como sucede con los planteos de recomposición salarial de los gremios, que se ajustan en función de la inflación real y no la que registra el Indec, la Municipalidad de Victoria decidió aplicar la fórmula de licencias por habitantes, de acuerdo con sus cifras de habitantes.
Por ello, los taxistas sostienen que la medida “no coincide con la ordenanza regulatoria de la actividad que estipula tres o cuatro licencias cada 1.000 habitantes”. En realidad, se elevaría a cinco o seis unidades cada 1.000 victorienses.
El conflicto sigue, con movilización y reclamos judiciales –la Justicia rechazó esta semana un amparo– de los taxistas.
En definitiva, la situación remarca la falta de credibilidad en las estadísticas del organismo público, que aportan confusión a la realidad y no permiten trazar con rigurosidad las políticas públicas. Otra más, en un reino subvaluado.
“Más licencias nos arruinan”
Según confió el titular de la Cámara de Taxistas Unidos de esa localidad, el otorgamiento de nuevas licencias afecta la rentabilidad del sector. “Nos arruina”, graficó.
El dirigente gremial explicó que el Ejecutivo se basó en un expediente con fecha 4 de noviembre de 2009, en que se estimaba que la localidad contaba con 42.000 habitantes, aunque la decisión de ceder licencias se tomó hace un par de meses.
“Estamos en el llano, contra el poder político. Aguardamos que el gobernador nos reciba, porque le entregamos un petitorio el domingo pasado”, dijo Gómez.
El dirigente acotó que otro de los fundamentos planteados por el Ejecutivo es que en esa localidad sólo hay una línea de colectivos. “Ello no tiene que ver con la realidad de cada subsistema del transporte público”, señaló.
