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or decisión del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado dejará de ser querellante en la causa San José, que tiene como imputados al ex gobernador Sergio Montiel y los ex funcionarios de la última gestión radical, Oscar Berón, Fermín Garay, Rubén Villaverde y Osvaldo Cepeda. El caso se inició en el 2003 con una denuncia de la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que encabezaba Oscar Rovira. El organismo objetó en su momento la maniobra del Ejecutivo e instruyó una investigación para saber si los ex ministros incurrieron en los delitos de fraude a la administración pública al recibir como ingreso al fisco, colectivos usados de la empresa San José. En rigor, se los acusa de haber tomado unidades de la empresa San José como parte de pago de la deuda tributaria que la firma tenía con el Estado. Las unidades habrían sido sobrevaluadas a la hora de entregarlas. Las jornadas del juicio comenzaron ayer (ver aparte). Paso al costado La FÍA fue creada por Montiel en su segundo mandato. La función del organismo era investigar posibles fraudes a la administración pública. Una vez que Jorge Busti se hizo cargo de su tercera gestión decidió eliminarla y reemplazarla por la Oficina Anticorrupción (OA), que iba a depender directamente de la Fiscalía de Estado. El artículo 4º del decreto le asignó al organismo sólo las investigaciones que “encomiende el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo”. La OA se presentó como querellante en la causa San José. La decisión se dio porque el expediente lo había iniciado la misma Fiscalía de Investigaciones y para no dar un paso al costado, siguió con el caso. Lo cierto es que poco se avanzó en términos de pesquisas. Y en 2008, durante el proceso de reforma de la Constitución, surgió la idea de crear un nuevo organismo, pero que ya no dependa del Poder Ejecutivo, sino del Ministerio Público Fiscal. En la Convención Constituyente se le dio el nombre de Fiscalía Anticorrupción que dependerá del procurador general de la provincia, que tendrá a su cargo “la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”. No hay novedades sobre la promesa constitucional. Es en ese marco es que la Fiscalía de Estado quiere dar un paso al costado de las causas penales y abocarse a lo que signifique daños económicos al Estado. El argumento es que la promoción y mantenimiento de la acción penal es una atribución que la Constitución atribuye al Ministerio Público Fiscal. “No es la función propia de la Fiscalía de Estado a la que le corresponde la defensa patrimonial en juicio de los intereses del Estado y el control de legalidad de la actividad administrativa”, manifestaron. En un borrador –al que tuvo acceso esta Hoja- se señala que la causa que tramita en la Sala I de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná y que la Oficina Anticorrupción se constituyó en parte querellante, no habiéndose constituido como actor civil, se instruye a la organismo a desistir de la intervención como querellante en la causa Nº 5.540, aunque se “dispone el inicio de actuaciones para la interposición de la demanda civil o tributaria que corresponda a los fines del resarcimiento económico por los perjuicios sufridos por el Estado derivados del hecho objeto de las actuaciones penales”. Esta decisión se ampliaría para otros casos.