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e la redacción de INFORME DIGITAL La justica dictaminó, en forma unánime, condenar a Ricardo Alcain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. Además, el médico recibió cuatro años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, según el fallo del juicio oral y público por la transmisión de VIH a una embarazada a quien se transfundió sangre contaminada, en el hospital San Roque en el año 2006 A su vez, el tribunal expresó “Cualquier protocolo no puede estar por encima de los derechos de protección de la salud”. En este sentido, la sentencia se condice con lo solicitado en los alegatos por la fiscal Cecilia Goyeneche y los querellantes Miguel Cullen y Miguel Retamoso. Por otro lado, la otra imputada en el caso, Gabriela Coronel Campana, fue declarada inocente de la imputación por el delito de lesiones culposas, por no haber realizado una correcta inscripción y control en los libros de bioquímicos del Servicio de Hemoterapia. Los sucesos En octubre de 2006, debido a un cuadro anémico, una mujer fue sometida a una transfusión de sangre en el San Roque. Posteriormente dio a luz a una niña y retomó su vida, junto a su esposo y sus otros dos hijos, que por aquel entonces tenían 8 y 2 años. Todo transcurría normal en la vida de esta joven mamá, hasta que en abril de 2007 una vecina suya, que había concurrido al área de Infectología del hospital San Martín para tratarse por toxoplasmosis, le dijo que se pusiera en contacto con los médicos de ese lugar. Esa vecina, como otros pacientes, había escuchado una discusión a gritos entre los médicos reprochándose lo ocurrido, en la cual se mencionaba el nombre completo de la mujer. Así de casual fue la primera información, y muchas de las siguientes, ya que el peregrinar de esta familia no halló en las semanas subsiguientes respuesta oficial alguna, pero sí numerosos rumores del caso de contagio por error. Al cabo de un tiempo, la familia de la víctima recaló en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Paraná, donde se enteró de la denuncia que había formulado el entonces titular del programa Sangre Segura, Carlos Zanaschi, sobre el error cometido. Por el escándalo renunció el secretario de Salud, José María Legascue, y el encargado del programa SIDA Eduardo Elías, que retornó en esta gestión al cargo. Además pasaron por la Cámara de Diputados, el ministro de Salud Gustavo Bordet y Mario Elizalde, quien reemplazó a Legascue en el cargo y acompañó a Bordet, y Alcain. Recién entonces, cinco meses después de la transfusión, se le informó que debía realizarle análisis a sus hijos y esposo, ya que existía también riesgo de contagio. Incluso el niño del medio, que al nacer su hermanito tenía 2 años, había vuelto a ser amamantado, lo que aumentaba aún más el riesgo. A un año del contagio, la familia logró enterarse, a fuerza de preguntar ya que nadie les informó oficialmente, que en realidad las muestras habían sido remitidas de forma incorrecta y por eso los resultados eran parciales. Los abogados de la mujer, Miguel Cullen y Miguel Retamoso, reprochan la casi nula atención de parte del Estado y la actitud de los funcionarios por referirse al caso como un error.