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e la Redacción de INFORME DIGITAL La Cámara Alta provincial sesionó este miércoles y sancionó cambios a la ley de pesca, así como el proyecto para la regulación de las cámaras de videovigilancia en la provincia. En ese sentido, los proyectos, que ya contaban con la aprobación de la Cámara Baja, recibieron el apoyo de los senadores. Controles a la pesca comercial El Senado aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y en su última sesión, por pedido del senador César Garcilazo, dio sanción definitiva al proyecto que modifica artículos de la ley 7156 (que incorporó a la ley de pesca 4892 los puertos de fiscalización). Al respecto, el legislador destacó la importancia que tiene esta reforma para los municipios ubicados a la vera del río y en zonas donde se desarrolla una intensa actividad de pesca comercial. En tanto, la iniciativa prevé que hasta el 70 por ciento de lo que se recaude en esos puntos de fiscalización, podrá ser derivado a los municipios o juntas de gobierno que hagan la tarea de control y recaudación. Además, se establece que el Poder Ejecutivo, anualmente, fijará un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos transitorios de la pesca deportiva atendiendo al valor de cada especie en el mercado. Regulación de las cámaras de videovigilancia Por otra parte, los senadores también sancionaron el proyecto de ley de regulación de la videovigilancia, que había obtenido hace la media sanción en diputados el 13 de setiembre. Así, la iniciativa fue presentada por el diputado Diego Lara y el tratamiento sobre tablas del proyecto fue solicitado por el presidente del bloque justicialista y senador por Concordia, Enrique Cresto. Asimismo, Lara había presentado el proyecto en febrero y, fue tratado en la Comisión de Legislación General. Si bien la postura de los diputados de esa comisión fue unánime en favor de la iniciativa, su aprobación se demoró a raíz de las objeciones del intendente de Maciá, Ricardo Troncoso, quien se negaba a transferir el sistema de videovigilancia municipal al gobierno provincial. A raíz de ello,se realizaron modificaciones que permitieron saldar la disputa. En tal sentido, la iniciativa aprobada indica que “la ley regula en la provincia la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes, para tomar y grabar imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público y su posterior tratamiento, con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza”. No obstante, se aclara que “debe hacerlo sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”. A su vez, se señala que “el ‘tratamiento’ de las imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquéllas”. Y agregan que “las cámaras, videocámaras y cualquier otro medio técnico análogo solo podrán utilizarse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y que en su uso deberá haber una razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con la legislación vigente”.