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l ex vicegobernador de Entre Ríos, Héctor Alanís, será nuevamente investigado. Este miércoles se conoció la decisión de la Sala Penal y Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de revocar el sobreseimiento en la causa por el desvío millonario de fondos del Senado entrerriano, entre 1995 y 1999. La Cámara Primera en lo Penal de Paraná – integrada por el camarista subrogante entonces Elvio Garzón y los vocales Hugo Perotti y Miguel Giorgio – habían dispuesto el sobreseimiento del ex vicegobernador, su sobrino Maximiliano, el ex director administrativo, José Crettón Pereyra y el ex vicepresidente primero del Senado, el ex legislador provincial por el radicalismo, Humberto Ré. Según publicó Página Judicial, el fallo lleva la firma de Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Los fundamentos se van a dar a conocer el 9 de septiembre. El desvío de fondos millonarios del Senado, entre 1995 y 1999 en plena gestión de Jorge Busti, se había convertido en la estafa más grave de los últimos 18 años cometida en el Estado provincial. Con la argumentación del camarista suplente Garzón se desestimaron los cargos impuestos por la jueza Marina Barbagelata, bajo la figura de “comisión del delito de peculado” y por ende se benefició a Alanís, su sobrino Maximiliano, Crettón Pereyra y Ré (UCR-Diamante). Hechos El robo fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. Pero la investigación no pudo avanzar por falta de pruebas, y así fue como fue archivada y puesta en reserva en 2007 por el entonces juez de Instrucción Nº 6, Gustavo Maldonado. En su presentación, la FIA sostuvo que a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados –el denominado Programa 17, a cargo de Maximiliano Crettón Pereyra; y el Programa 18, responsabilidad de Maximiliano Alanis– se “realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente”, por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares. También hubo un manejo irregular de otros 5,2 millones de pesos/dólares, que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, “a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada”. Además, tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”. La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, pero que con el tiempo se habló de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares, destacó que el modus operandi suponía un uso discrecional de “los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 (aquí generalmente se incluyen contratos de personal temporario), sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran”.