L

a diputada provincial María Emma Bargagna (Frente Amplio Progresista) se hizo eco de los reclamos de distintas asociaciones, y presentó un proyecto de resolución donde pide que el gobierno provincial declare “la Emergencia Pública por violencia contra la Mujer en todo el territorio de la provincia por un lapso no inferior a cuatro (4) años”. Por otra parte, la legisladora instó a disponer “de modo progresivo en todas las áreas de la Administración” la aplicación de las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.485 "de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", a la cual adhirió Entre Ríos por Ley Nº 10.058. Bargagna apeló a los números que reflejan los casos de mujeres fallecidas en la provincia víctimas de femicidio para argumentar la iniciativa, cifras que ubican a Entre Ríos entre los primeros lugares de la estadística. La iniciativa se corresponde con el reclamo impulsado por diversas asociaciones para que se declare por ley la “emergencia en violencia de género en nuestra provincia", consigna que se hizo escuchar en manifestaciones el 25 de noviembre pasado al conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres Entre Ríos , cuarta con más femicidios “Las estadísticas exhiben que una mujer muere en nuestro país cada 24 horas víctima de femicidio. Entre Ríos ocupa el 4º lugar en la sórdida lista, luego de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe" detalla la legisladora en el texto que promueve. "De 9 víctimas en el curso del 2011 en Entre Ríos, pasamos a 7 en el 2012 más 2 femicidios vinculados. En el 2013 hubo 13 víctimas y en lo que va del año 2014, nueve (9) más un (1) femicidio vinculado. A nivel nacional se registran 357 niños huérfanos como consecuencia del femicidio de sus madres en lo que va del 2014” agrega. “Por situaciones de Violencia (física y psicológica), en la Provincia de Entre Ríos los efectores del Estado atendieron 3.000 casos en el corriente año” continúan las consideraciones. No obstante, aclaró que este último dato “no es reflejo de la totalidad de los casos ocurridos, ya que no todos llegan a los servicios del CoPNAF o de la Justicia”. Ley sancionada pero no aplicada La legisladora llamó a las autoridades a “un inmediato y eficiente compromiso del Gobierno para revertir esta preocupante situación”, para lo cual propuso: “hay que hacer uso de una herramienta legal fundamental: la Ley 26.485 a la que adhirió nuestra provincia a través de la sanción de la Ley 10.058, lamentablemente aún desconocida por las autoridades en su vigencia, operatoria, dimensión y fines”. En el proyecto, según informa Recintonet, Bargagna detalló herramientas de gestión a adoptar “que están ordenadas pero no se practican”. Y añadió: “herramientas que se deben adaptar a nuestra realidad local, sin perder de vista que deben aplicarse como políticas de Estado, es decir, más allá de lo coyuntural, y para la totalidad de los casos y de las personas, sin excepción”. Medidas Las resoluciones del texto Bargagna proponen: - la implementación de un Registro Público Único de Situaciones de Violencia contra Mujeres, para llevar adelante una estadística de los casos; - publicar una Guía de Servicios y Programas brindados en territorio entrerriano por Nación, Provincia y/o Municipios, para la prevención, abordaje y tratamiento de situaciones de Violencia contra la Mujer; - llevar un Registro Público de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia con personería jurídica vigente en la Provincia, quienes podrán actuar, entre otras facultades, como asesores de la autoridad judicial interviniente en casos de violencia y como “amicus curiae”. - se genere un ámbito de participación entre el Estado y las Ongs dedicadas a la temática, para elaborar y poner en ejecución un Programa Integral para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de prevención y atención social de situaciones de violencia contra la mujer. - pasos a seguir en hogares para víctimas de violencia y trasferencias de fondos que deberán hacerse para atender a la prevención de esta problemática