E

l oficialismo en la Cámara de Diputados firmó este martes el dictamen favorable sobre el acuerdo con los holdouts, al que aceptó introducir cambios a pedido de un sector del peronismo, y posterga la sesión para el martes próximo. Se trata de la iniciativa que contempla la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y autoriza a emitir deuda por 15000 millones dólares a través de tres títulos a cinco, diez y quince años de plazo para cerrar el capítulo de deuda que permanece en situación de default. Cambiemos se alzó con el dictamen mayoritario al cabo de un extenso plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, donde el Frente Renovador y el bloque Justicialista lograron colar modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo y acompañaron con la firma en disidencia. La más importante consiste en que se establecerá un límite al monto de la deuda, que los diputados que responden a Diego Bossio pidieron fijar en 12 mil millones de pesos. Con el nuevo texto, el oficialismo se asegura el apoyo de ambas bancadas peronistas en el recinto, con lo cual tendría asegurada la media sanción de la ley, que luego deberá debatir el Senado. Según consignó el semanario Parlamentario, el Frente para la Victoria, muy crítico del proyecto, elaboraba por estas horas un dictamen propio, mientras que la izquierda firmó su propio dictamen de rechazo. Darío Giustozzi se sumó al dictamen mayoritario, en disidencia. El oficialismo en Diputados aceptó postergar la sesión -la primera ordinaria de la era Macri- para el martes que viene. Otros cambios El Congreso tendrá injerencia sobre los fondos, con el fin de controlar que se destinen a obra pública y el Poder Ejecutivo no pueda disponer de ellos con arbitrariedad. También se modificó otro de los artículos para que el Poder Ejecutivo deba informar de manera trimestral sobre el resultado de las negociaciones con los bonistas. Asimismo, se aceptó contemplar que las comisiones que cobran los bancos no puedan superar el 0,20 por ciento del monto de la emisión de bonos. Otro de los cambios introducidos tiene que ver con adjuntar los dictámenes de todos los estudios de abogados que asesoraron a la Argentina en el pleito legal que ya lleva 15 años. Se contará además con un informe de la Procuración del Tesoro para que el país se asegure de no tener nuevos litigios una vez que cierre el acuerdo con los fondos buitre.