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a Corte Suprema de Justicia inició este martes el procedimiento para resolver el conflicto sobre el aumento de las tarifas de gas al solicitar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su opinión sobre el tema. El máximo tribunal resolvió en su habitual reunión de acuerdo de los martes pedir a la procuradora general que emita un dictamen sobre el aumento en las tarifas de gas, dispuesto por el Ministerio de Energía, cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata. Si bien el dictamen no es vinculante, es uno de los pasos previos del máximo tribunal antes de dar a conocer su posición sobre el tema, y su pedido a la procuradora indica de manera oficial que los ministros ya analizan la causa enviada por el tribunal de segunda instancia platense. Gils Carbó no tiene plazo para emitir dictamen, pero se estima que será breve ante la gravedad institucional del tema, ya que el fallo en vigencia retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería. Mediante esas resoluciones, el Gobierno dispuso a partir de marzo la suba de hasta un 2.000 por ciento en las tarifas del gas, según el tipo de consumidor y la región en la que reside, de acuerdo a las denuncias de los usuarios. Tras el fallo de la Sala II de la Cámara platense, el 7 de julio pasado, ese mismo tribunal habilitó la apelación del Gobierno pero mantuvo el efecto suspensivo de su medida hasta el fallo de la Corte. La actuación de la Justicia alcanzó también al aumento tarifario de la luz, para el que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió los incrementos en todo el país. Los argumentos de los fallos emitidos hasta el momento para frenar el aumento de las tarifas se basan en que el gobierno no realizó audiencias públicas antes de disponer el incremento, como se contempla en los marcos regulatorios para la distribución de electricidad y gas, y que componen una parte del costo de la energía. El fallo suspensivo de la cámara platense respondió a las apelaciones presentadas por las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y a la resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios los aumentos. Según recordó Télam, la Cámara platense estableció que "la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales", al declarar la "nulidad" de las resoluciones del Ministerio de Energía. El lunes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una "audiencia informativa" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo". Sin embargo, entidades defensoras de los consumidores pusieron este martes en duda la validez de las audiencias informativas que convocará el gobierno, y mientras algunas consideran que esas convocatorias serán una pérdida de tiempo, otras sostienen que no son suficientes para conocer la composición de las tarifas.