Viernes 13 de enero de 2017
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Política
Senador oficialista se expresó en contra de bajar la edad de punibilidad
El Gobierno nacional arrancó con el debate para crear un Régimen Penal Juvenil, que incluiría la baja de la edad de imputabilidad. En ese marco, el senador Ángel Giano consideró que bajar la edad de la pubibilidad criminaliza a los pobres.
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“Bajar la edad de punibilidad es criminalizar", dijo Giano.

E

l Gobierno dio inicio formal este jueves a la cruzada por el nuevo del Régimen Penal Juvenil e insistió con su intención de enmarcar la baja de la edad de imputabilidad en una reforma más amplia. El primer encuentro con especialistas fue encabezado por los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes al finalizar ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, Gabriela Burgos, y del Senado, el entrerriano Pedro Guastavino. En el encuentro también estuvo Pablo Alejandro Barbirotto, juez Penal de Niños y Adolescentes de la provincia y uno de los cinco magistrados del país que fue convocado por la Unicef para redactar una norma superadora del régimen penal de menores que rige desde la dictadura. Ante ese debate que se inicia, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Ángel Giano, se manifestó en contra de la baja de la edad de punibilidad. El legislador dio a conocer su postura en un comunicado en el que afirmó que “es inconstitucional imputar delitos a niñas y niños menores de 16 años, pretendiendo resolver la inseguridad y ‘criminalizando’ sobre todo a quienes están en condiciones de pobreza”. “Buscar la baja de la edad de punibilidad es una actitud que simula dar una respuesta pero lo único que consigue es criminalizar y estigmatizar a niñas, niños y adolescentes pobres, en lugar de fijar políticas activas de prevención del delito y garantizar condiciones de vida digna para chicas y chicos, y el pleno goce de sus derechos e igualdad de oportunidades”, agregó. Después recordó que “las Convenciones y Tratados Internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que hemos suscrito en nuestro país, están en la letra de nuestra Carta Magna Nacional y tienen rango constitucional, por lo cual se establece la obligación de garantizar condiciones de vida digna a niñas, niños y adolescentes y la plena protección como principio de igualdad”. “Por estos acuerdos nuestro país también se ha comprometido en virtud del principio de no regresividad, a no bajar la edad de imputabilidad, algo que de hacerse, sería inconstitucional”, aseguró. “Existe además un acuerdo suscripto en el 2015, en el Centro Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por el cual todas las provincias y el Estado Nacional se han comprometido a que no se afecte este principio que implica, ni más ni menos que mantener a partir de los 16 años la responsabilidad penal”, dijo lego en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. “Debemos escuchar a nuestras y nuestros jóvenes y saber su opinión. Niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ser tenidos en cuenta como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos”, consideró Giano. Más adelante, añadió que "el Estado nacional debería tener un Código Procesal Penal como lo tiene Entre Ríos, ya que nuestro CPP ha contribuido a disminuir la inseguridad, los procesos penales, ha mejorado el debido proceso y el derecho de defensa con la incorporación de los juicios orales. Y en particular en minoridad, tener un Proceso penal para niñas, niños y adolescentes como tiene hoy Entre Ríos, que permite que los menores sean escuchados, brinda garantías, derecho a la legítima defensa y prevé distintos recursos para reparar el delito -en caso que algún menor cometa un ilícito- sin tener que encerrarlos en las mismas cárceles donde se destina a los adultos, y donde las y los menores no tienen ninguna opción. Conminar a un o una menor a un lugar de encierro, no es una forma de combatir la inseguridad, sino por el contrario significa perseguir y estigmatizar a las chicas y chicos, particularmente a quienes están en condiciones de pobreza”, insistió. “Las niñas, niños y adolescentes tienen que estar en una situación de privilegio. La discusión no puede centrarse en reducir la edad de punibilidad sino en cómo hacer para protegerlos antes de que llegue a esa situación que desencadena la violencia”, finalizó Giano.
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