El gobierno apeló la sentencia civil de Paraná que impide rociar con agroquímicos plantaciones a menos de mil metros de establecimientos escolares rurales y exige medidas a la Provincia. El Fiscal de Estado explicó el recurso judicial.
E
l Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó el fiscal de Estado, Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta.
“La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se apela”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana.
"Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó Rodríguez Signes.
“Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el funcionario y avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales”.