E

l gobierno de Mauricio Macri le pidió a la Corte Suprema que aclarara los alcances de los fallos contra los decretos que rebajaron IVA y Ganancias, y que convocara a una audiencia con los gobernadores para "conciliar" cómo se cumplirán esas sentencias.

Fue luego de que la Corte fallase a favor de los planteos de los gobernadores y ordenara que los efectos fiscales de la aplicación" de las medidas pro consumo de Macri fueran "asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación".

"La sentencia omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar", sostuvo el gobierno nacional en un escrito presentado con las firmas de los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción, Dante Sica.

La presentación critica del fallo además “la ausencia de precisiones de la resolución, la complejidad técnica y las complejidades para su implementación".

En la misma línea, manifestaron que es "indispensable" un encuentro con las provincias para preservar el "interés público comprometido".

El pedido del gobierno nacional deberá ser analizado y respondido por los cortesanos, pero mientras tanto ya fue rechazado por las autoridades de Entre Ríos. En síntesis, la Provincia aduce que si Nación quería acordar con los gobernadores debería haberlos convocado antes de tomar las medidas que afectaban los recursos provinciales, y no ahora que se llegó a la vía judicial y la Corte ya dictó sentencia.

El gobernador Gustavo Bordet explicó que "acá hay un fallo y nosotros primero queremos hacer valer ese fallo y los derechos, porque los gastos corrientes tenemos que pagarlos ahora y la plata la estamos perdiendo ahora", consignó APF.

El mandatario recordó que para el gobierno entrerriano las medidas unilaterales de Macri significan una pérdida, de acá a fin de año, de 1650 millones de pesos”, aunque aclaró que su gobierno "no está en contra de la medida de exención de IVA de productos de la canasta básica e impuesto a las ganancias, pero esto debe hacerse en el marco de un planteo previo, de un consenso”.

“A Entre Ríos le significa una pérdida, de acá a fin de año, de 1.650 millones, que es el 70% del aguinaldo que hay que pagar y esto nos genera un gran desfinanciamiento", sostuvo el gobernador.

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, adelantó que ya se convocó para el martes a una reunión con fiscales de Estados y ministros de Economía, “porque ahora queremos que cumpla lo que ordenó la Corte Suprema, no discutir con el gobierno”,

Rodríguez Signes ratificó que “el momento para discutir era previo al dictado de estos decretos o inmediatamente después cuando los gobernadores se reunieron en el CFI y le dijeron al Estado Nacional que retrocediera para no estar obligados a judicializar”.

“Es insólito que se plantee una audiencia para debatir estos dos decretos. El ámbito de discusión de este tema es el Congreso de la Nación, no la Corte en una medida cautelar”, señaló el funcionario.

“Una vez que se judicializó lo que rige es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que es lo que se aplica para las medidas cautelares y demás”, insistió.

Finalmente, el fiscal del estado provincial opinó que “el debate se podría hacer al contestar la demanda en el juicio principal, cuando conteste la demanda el Estado Nacional, ahí tendrá la oportunidad de hacer toda la defensa argumentando, no en esta instancia que se está tramitando una medida cautelar”.