Martes 29 de octubre de 2019
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Política
Tras el revés del STJ, los ambientalistas van a la Corte
Así lo anunció la abogada María Fernández Benetti, que representa a las organizaciones ambientalistas. Cuestiona que el fallo permita las fumigaciones a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos.
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Los ambientalistas seguirán con recursos judiciales contra el decreto de Bordet.

E

l Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) falló este lunes a favor del decreto del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que habilita que se realicen fumigaciones con agroquímicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales. La decisión del Superior Tribunal de Justicia fue por unanimidad y lleva la firma de Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone.

Si bien el fallo indica que las medidas de aplicación son las enunciadas en el decreto provincial (y no en una orden judicial previa), la zona de exclusión deberá medirse a partir de la "barrera vegetal" y no desde el casco de las escuelas. En este sentido, la Gobernación tiene 20 días para subsanar el artículo del decreto correspondiente a la zona de aplicación y su forma de medirla.

Por último, el fallo exhorta al Poder Legislativo de la provincia a que dicte una ley que regule la temática, un pedido de los productores ante la incertidumbre que vive el sector en materia de aplicación de agroquímicos. La noticia fue bien recibida por el campo entrerriano.

Lo que dice el archivo


No obstante, integrantes de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos se manifestaron en contra del fallo y denunciaron que el gobierno provincial modificó la ley provincial que regula los amparos para conseguir una resolución favorable. “Vamos a apelar a la Corte Suprema Nacional”, prometió María Fernández Benetti, una de las abogadas de la Coordinadora que llevan el caso.

Fernández Benetti señaló que el fallo del Stjer revoca el pronunciamiento del juez de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Bordet a principios de agosto. “Ese dictado de que el decreto era inconstitucional queda revocado, entonces queda rechazada la acción de amparo llevada adelante por las organizaciones (ambientalistas)”, lamentó la abogada.

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