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l interbloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de resolución para que la Cámara se dirija al Superior Tribunal de Justicia e instarlo a que disponga la suspensión de la feria judicial de invierno de 10 días hábiles en los Tribunales "atendiendo a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 que motivara la paralización, suspensión y retardo de la actividad judicial".

La iniciativa, a su vez, tiene como fin "tender a una regularización del servicio de justicia entendido como servicio crítico esencial", indica el texto al que accedió INFORME DIGITAL. 

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque de la UCR, Gustavo Cusinato, acompañado como coautores por Julian Maneiro, Gracia Jaroslavsky, Manuel Troncoso, Ayelén Acosta, Uriel Brupbacher, Esteban Vitor y Sara Foletto.

Entre los fundamentos, la iniciativa opositora "se hace eco de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia que –a su turno- reciben planteos de los justiciables sobre la necesidad de regularizar la actividad judicial". El Colegio de Abogados viene exigiendo que se reactive en forma plena el funcionamiento de los tribunales, mientras que desde el STJ se contesta que se vienen habilitando numerosas actividades judiciales pero que no quieren generar riesgos sanitarios.

Cambiemos repasa que la Justicia resultó afectada desde el 17 de marzo pasado con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y el Provincial que se concretaron "en una suspensión indefinida del servicio de justicia" y señala que al comienzo de la cuarentena se dio "de un modo indefinido y luego de algunas Acordadas votadas por el Alto Cuerpo Judicial con el establecimiento de excepciones a la litigación".

Además, indica que las sucesivas prórrogas del aislamiento social "repercutió sensiblemente en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario" dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15 de marzo, al mantenerse las restricciones de concurrencia a los lugares de trabajo, la suspensión de plazos procesales y administrativos con prestación mínima del servicio y limitadas excepciones, como medidas cautelares, protección de personas, perjuicios irreparables ante la falta de actuación judicial, actuaciones sobre presos y detenidos, amparos y otros, suspensión de audiencias judiciales, subastas y otros trámites.

Sin embargo, mencionan que una Acordada del STJ del 27 de abril buscó resolver con limitaciones este desajuste mediante pautas de trabajo para que los letrados puedan reiniciar sus actuaciones litigiosas.

"Ello indudablemente afectó y afecta aún hoy la actividad profesional de los abogados y el acceso a la justicia de las personas, que ven restringido su elemental derecho a la jurisdicción", advierten los diputados.

Las causas sanitarias, según la oposición, "razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a mediados de marzo pero deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido y decidido retorno a la normalidad", concluyen los fundamentos.

El proyecto