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l ex diputado provincial y líder del gremio UPCN, José Ángel Allende, firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares y por ende tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida (tasada en 378 mil dólares).

El acuerdo también incluye la "pena" por el delito de amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al periodista Martín Carboni. 

Repudio

El acuerdo motivó el repudio de buena parte de la comunidad política y judicial. La UCR ya se expresó en contra y ahora se sumó el PRO. Mediante un comunicado, el partido macrista señaló que "de dar curso a este acuerdo, la Justicia entrerriana estaría dando un triste mensaje de impunidad hacia quienes fueron víctimas de sus delitos: la Ministra de Salud Sonia Velázquez, el periodista Martín Carboni y la sociedad entera".

"Es una oportunidad para demostrar a aquellos exponentes de la vieja política, que se creen impunes y dueños de los bienes públicos, que el daño realizado fue contra una sociedad trabajadora, que se esfuerza para salir adelante, una sociedad que no tolera más la prepotencia y el atropello", sentenciaron los dirigentes macristas.

"Desde PRO Entre Ríos le solicitamos al Juez Chemez que rechace el acuerdo ofrecido por Allende pretendiendo perpetuar su impunidad", advirtieron.

Acuedo

Según difundió Análisis, el informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el ex diputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado.

Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.

A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos. Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: “la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona”; “realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión” que se determine desde la justicia; “la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento”.

El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial. Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal “se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10, para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio”. Y que el inmueble de calle Laprida “sea asignado al Poder Judicial, con destino a la Unidad Fiscal de Género de Paraná”.

El escrito fue firmado por Allende; su abogado Leopoldo Lambruschini; la fiscal Laura Cattáneo; el fiscal Alvaro Piérola (que llevó adelante el caso Carboni); el fiscal Leandro Dato (que trabajó el expediente por el caso de la ministra Velázquez) y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Para ser validado debe ser refrendado por el juez José María Chemez.