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l Colegio de Abogados de Entre Ríos se dirigió al Superior Tribunal de Justicia, mediante una nota enviada por el presidente de la entidad, Alejandro Canavesio, al titular del STJ, Martín Carbonell, con el objetivo de que se suspenda la feria judicial invernal en la provincia.

El Colegio, que ya venía planteando la necesidad de continuar ininterrumpido el trabajo tribunalicio en el marco de la pandemia por el coronavirus, propuso en la nota “que se aborde de forma concreta la suspensión de la feria de invierno que se lleva regularmente adelante en el mes de julio” y dura dos semanas.

En las distintas secciones de la entidad en la provincia “es uniforme el criterio”, según afirmó Canavesio en la carta. A su vez, argumentó que la suspensión “sería excepcional y por única vez en el corriente año permitiría avanzar con las causas en trámites y brindar una tutela judicial efectiva”.

La actividad judicial en Entre Ríos motivó numerosos cruces en los últimos meses entre el Colegio de Abogados, que reclamaba la reactivación plena del servicio de justicia, y el STJ, que optaba por mantener el parate en los tribunales y disponía un regreso paulatino, a un ritmo más lento que el exigido por los profesionales.

La tensión por la reactivación finalmente llegó a un punto de acuerdo y la actividad volvió casi normalmente a los tribunales, con medidas de prevención para evitar la propagación del Covid. Sin embargo, la inminencia de la feria de invierno vuelve a motivar intensas gestiones entre la entidad privada y el STJ.

El planteo de que Entre Ríos pase de largo la feria judicial de invierno ya había sido planteada institucionalmente en la Legislatura por el interbloque de diputados provinciales de Cambiemos, que presentó un proyecto de resolución para que la Cámara se dirija al STJ y lo inste a la suspensión "atendiendo a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 que motivara la paralización, suspensión y retardo de la actividad judicial".

Entre los fundamentos, la iniciativa opositora se hacía “eco de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia”, e indicaba que “las sucesivas prórrogas del aislamiento social” repercutieron “sensiblemente en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario" dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15 de marzo.

Las causas sanitarias, según la oposición, "razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a mediados de marzo pero deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido y decidido retorno a la normalidad".