Martes 09 de junio de 2020
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Política
Repercusiones en Entre Ríos sobre Vicentin
La decisión del gobierno nacional de intervenir el grupo empresario agroindustrial generó reacciones contrarias en la política entrerriana. El PJ valoró la solución a la quiebra de la empresa. Cambiemos denuncia que la medida es ilegal.
KulfasAlbertoFernandez
Tras el anuncio del presidente, las reacciones políticas.

T

ras el anuncio del presidente de la Nación de la intervención del grupo Vicentin y la remisión al Congreso de una ley de expropiación, las repercusiones se suceden en el ámbito político entrerriano, con el peronismo y Cambiemos en contra de la medida. 


El gobernador Gustavo Bordet valoró que "la decisión de Alberto Fernández es estratégica. Una medida acertada en torno a una empresa clave que ha sido financiada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los argentinos".

"La gerenciación estatal de una de las más grandes operadoras de granos del país permitirá ejercer un rol testigo en el comercio de granos, avanzar en materia de soberanía alimentaria, operar en el mercado cambiario y garantizar los 7.000 puestos de trabajo hoy en peligro", ponderó el mandatario.

También al vicegobernadora Laura Stratta celebró la decisión. "En este duro contexto esa definición significa cuidar a miles de familias y pequeños productores,y dar un paso más hacia la soberanía alimentaria", expresó.

Desde el Congreso, la diputada nacional Blanca Osuna destacó que el anuncio va a "resguardar 6000 puestos de trabajo, darle continuidad al esfuerzo de 3000 productores, evitar que la oferta exportable de Vicentin quede en manos de oligopolio extranjero".

Y castigó al ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, comprometido por los préstamos a Vicentín durante su gestión. "'Le hicieron creer a un empleado medio que con su sueldo podía comprarse celulares, plasma, motos' Eso dijo en 2016 el ladrón de guante blanco que robó en el BNA para sus socios y deberá rendir cuentas", sentenció la legisladora.

También su par en el bloque oficialista de la Cámara Baja nacional, Marcelo Casaretto, respaldó el anuncio. "Acompañaremos estas decisiones. El objetivo es recuperar la soberanía alimentaria de los argentinos, mantener las empresas, y las fuentes de trabajo", manifestó.

El diputado provincial del PJ, Gustavo Zavallo, fue otro de los que defendieron la medida. "Sin dudas que el rol del Congreso será estratégico en cuanto a la defensa de los intereses de todos los argentinos. Acertada decisión de Alberto Fernández de intervenir Vicentin. En su cesación de pagos produjo un incumplimiento con numerosos productores de diversas localidades entrerrianas por más de $1 mil millones de pesos", dijo.

Opositores

Cambiemos salió en bloque a atacar la medida. El senador nacional y ex titular de la Federación Agraria en Entre Ríos, Alfredo de Angeli, sostuvo que "estamos ante una situación de extrema gravedad institucional" y consideró "falso que se pueda fundamentar está medida por razones de soberanía alimentaria".

"El estado nunca fue un buen administrador. ¿Esta es la salida para el sector privado devastado por los efectos de la cuarentena?", observó el senador del PRO.

"Un día lamentable en la historia de nuestro país. El kirchnerismo en su máxima expresión. Con la estatización de #Vicentin esta claro que quien gobierna no es el presidente. Es ella", cerró De Angeli.

Para Atilio Benedetti, la intervención de Vicentín es “una aventura que tiene enormes costos para los argentinos. No veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”, dijo el diputado nacional de la UCR.

Al respecto, Benedetti sostuvo: “no entiendo cuál es la necesidad de intervenir en un proceso que viene por los carriles normales de un concurso de acreedores. Además de lo que habría que pagarle a los acreedores de la empresa Vicentín, para volver a hacerla funcionar hace falta mucho dinero. Estamos ante un momento muy difícil y esto en vez de generar soluciones viene a generar problemas”, aseveró.

La diputada nacional del PRO, Alicia Fregonese, también cuestionó que el anuncio "es ilegal e inconstitucional, y repite experiencias pasadas que fracasaron".

Y la senadora radical Stella Olalla coincidió que "es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU".

Por otra parte, el ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, señaló como "muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta".

"La agricultura y la ganadería no son recursos naturales como el agua o el suelo. No hay manantiales de leche, canteras de soja o yacimientos de maíz. Hay miles de productores tecnificados, invirtiendo y arriesgando para producir alimentos y divisas", advirtió el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

En cambio, desde la CTA Entre Ríos celebraron y señalaron que la crisis actual que atraviesa la empresa “es producto de la complicidad de funcionarios del gobierno anterior con los dueños de la empresa. Con la intervención, el gobierno nacional buscará mantener los puestos de trabajo y encarar un proceso de recuperación del grupo, para contar con una empresa testigo dentro del mercado de granos”.

El secretario general de la CTA Entre Ríos y concejal oficialista en Paraná, Sergio Elizar, remarcó que “los dueños de Vicentin fueron los principales financistas de la campaña de Mauricio Macri, y luego de obtener suntuosos créditos del Banco Nación que nunca devolvieron, declararon el concurso preventivo de acreedores, dejando a miles de trabajadores a punto de perder su empleo”.

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