Miércoles 01 de junio de 2022
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Política
Rodríguez Signes le respondió a Goyeneche

El Fiscal de Estado de la provincia negó que el Poder Ejecutivo haya intervenido en el proceso constitucional como denunció la fiscal destituida. Remarcó que dicha intervención es imposible desde el plano jurídico.

E

l Fiscal de Estado de Entre Ríos Julio Rodríguez Signes negó que el Poder Ejecutivo haya intervenido en el proceso constitucional como denunció la fiscal destituida Cecilia Goyeneche. “Los mecanismos institucionales de la provincia están funcionando”, afirmó.

“No es cierto que el gobierno provincial haya intervenido en el Jury contra la fiscal", afirmó el Fiscal de Estado provincial luego de la acusación de Goyeneche.

"El Poder Ejecutivo no tiene representación en la integración del jury y tampoco intervino en ese proceso porque eso es sencillamente imposible desde el plano jurídico", remarcó el funcionario.

"Por el contrario, el Poder Ejecutivo se limitó a contestar una demanda de amparo, sustanciada por ante una jueza de primera instancia y ante el Superior Tribunal de Justicia, pero en un proceso diferente al jury que se sustanció ante un Tribunal Constitucional, que es el Jurado de Enjuiciamiento, regulado por una ley especial. Ni la Constitución ni la ley 9.283 que es la que regula el Jury, prevé la intervención del gobernador, de modo que su intervención simplemente no es posible", reflexionó ante el cuestionamiento realizado por la ex Procuradora Adjunta.

Lo que dice el archivo

"Fue la misma doctora Goyeneche la que instó la intervención del Poder Ejecutivo, presentando un amparo para que el gobernador revoque una decisión del jurado de enjuiciamiento, que es un órgano constitucional”, subrayó Rodríguez Signes.

Rodríguez Signes opinó que la doctora Goyeneche "se agravió de una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que sustituyó el órgano de acusación".

Y agregó: “A través de la Fiscalía de Estado ese amparo fue respondido con absoluta objetividad, explicando que el gobernador no tenía ninguna atribución para ratificar, corregir, modificar o anular una decisión de un tribunal de rango constitucional en el que el Poder Ejecutivo no tiene representación”.

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