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a Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto de resolución por el cual se insta al Gobierno provincial a dar inicio a la relocalización en un nuevo predio y edificio de dos unidades penales de Paraná. La iniciativa se basa en otra del año 2010 que pretendía reubicar aquellas cárceles que hayan quedado dentro de los cascos urbanos en la provincia.

El proyecto de resolución, que lleva las firmas de los diputados del Frente CREER (PJ) José Cáceres, Julio Solanas, Estefanía Cora, Juan Huss y Carina Ramos, pretende la relocalización en un nuevo predio y edificio, de las Unidades Penales N° 1, “Juan José O’Connor”, y N° 6 de Mujeres, “Concepción Arenal” de la ciudad de Paraná.

En sus fundamentos, el proyecto se basa en una iniciativa que tuvo lugar en 2010, y que se proponía reubicar las Unidades Penales provinciales que hubiesen quedado dentro de los cascos urbanos.

El predio donde se ubican las dos cárceles “está prácticamente en el centro geográfico de la ciudad”, indicó Cáceres.

En este sentido, la propuesta de los legisladores del PJ pretende brindar un ambiente a los internos que cumplan con los estándares más modernos respecto del respeto de los Derechos Humanos y la función resocializadora de las unidades penales.

José Cáceres, diputado provincial (Frente CREER-PJ).

El diputado José Cáceres recordó que mediante aquel programa “se logró la construcción de la Unidad Penal Nº 8, una cárcel de máxima seguridad, en Federal; y el traslado integral de la Unidad Penal de Gualeguaychú hacia la Granja Penal Colonia El Potrero el cual se concretará antes que finalice el corriente año”.

El exvicegobernador dijo que aquella acción contemplaba la construcción de una nueva Unidad Penal para la ciudad de Paraná, con el objetivo de trasladar la cárcel de varones, a lo que el diputado solicitó “sumar a la Unidad Penal Nº 6 de mujeres “Concepción Arenal” de la capital entrerriana.

Cáceres señaló que la reubicación de los penales “debe ser pensada y proyectada bajo la plena observancia del Art. 18º de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional incorporados por el Art. 22º de la Carta Magna y la Ley 24.660, los cuales fijan las garantías mínimas que deben respetarse a los internos”.

El proyecto propone, además de quitar los penales de los cascos urbanos, mejorar las condiciones de los internos y las internas.

“En primer lugar, por su carácter de personas y en segundo lugar por la finalidad que tienen en la actualidad las unidades penales; así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), bajo las cuales se proyecta la organización, servicios, derechos y garantías para los internos”, detalló el legislador peronista.

Por último, el legislador provincial agregó que “también han de tenerse en cuenta para la prestación de servicios relacionados con la salud mental de los internos, los criterios establecidos por la Ley Nº26.657 de Salud Mental”.

Cáceres: "La reubicación redundaría en beneficios en varios sentidos, no sólo en el mejoramiento del Servicio Penitenciario”. 

“Con el cumplimiento de la normativa se pretende brindar un ambiente a los internos que cumplan con los estándares más modernos respecto del respeto de los Derechos Humanos y la función resocializadora de las unidades penales”, concluyó.