La investigación sobre presuntos desvíos de fondos de la Legislatura entrerriana regresó a Procuración General. Eduardo Casal deberá emitir un dictamen sobre si el proceso seguirá su curso en la Justicia provincial o en la Federal.
Casal ya tuvo el expediente en su poder cuando la Corte le pidió a la Procuración un dictamen sobre la cuestión por primera vez.
E
l expediente de la causa denominada Contratos Truchos, que
investiga los presuntos desvíos de fondos de la Legislatura entrerriana, regresó
a la Procuración General para que Eduardo Casal emita dictamen sobre si debe
juzgarse en la Justicia provincial o en la Federal.
Así consignó APF Digital, medio donde además se señala que
hace unas semanas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) definió que el caso
constituiría una falta a la legislación electoral y, por lo tanto, debe ser
juzgada en los Tribunales federales.
El pasado 5 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación remitió nuevamente al Procurador Casal el expediente con el fin de que
dictamine sobre la cuestión de competencia planteada.
El caso llegó a la máxima instancia dado que tanto la jueza
provincial de Garantías, Marina Barbagelata, como el juez electoral subrogante
Daniel Alonso, consideran que tienen jurisdicción para tramitar la
investigación.
Cabe recordar que Casal ya tuvo en sus manos el expediente,
cuando la Corte solicitó por primera vez a la Procuración un dictamen sobre la
cuestión.
En ese momento, la respuesta del funcionario judicial fue
que, habiendo una instancia pendiente de resolución en la Cámara Electoral,
correspondía completar ese paso antes de avanzar.
La CNE tenía una apelación de la Fiscalía a la decisión de
Alonso de arrogarse la potestad de tramitar la causa, pero finalmente rechazó
el planteo fiscal y convalidó el criterio del Juez Federal. Es decir, si hubo
desvío de fondos de la Legislatura para financiar actividades proselitistas y
partidarias, corresponde que el caso se juzgue en la Justicia Electoral
Federal.
El criterio sostenido por Barbagelata, por el contrario, es
que se está ante una malversación de fondos públicos y, en consecuencia, la
jurisdicción es provincial.
Resuelto el incidente en la CNE, el legajo volvió a la Corte
que, antes de expedirse, solicitó opinión Fiscal. Ahora Casal deberá definir si
adhiere al razonamiento de Alonso y la Cámara Electoral o si, por el contrario,
sostiene la posición de la jueza entrerriana.
