E

l titular de la Fiscalía de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la denuncia ante la justicia realizada por el ex concesionario José Uriburu contra el ex presidente del Ente Portuario, Carlos María Scelzi (nieto) y al ex titular del Instituto Provincial, Leonardo Cabrera, entre otros ex funcionarios portuarios de la gestión de Gustavo Bordet y colaboradores judiciales de “corruptos, coimeros, ladrones”, y de tener vínculos con el narcotráfico.

Según consigna Análisis Digital, desde la Fiscalía se emitió un comunicado en el que señalaron: “Terminal Puerto de Concepción del Uruguay (TPCU) es la empresa a cargo del depósito fiscal con asiento en Concepción del Uruguay. Su actual titular es el señor José Félix Uriburu”.

“Los depósitos fiscales son lugares operativos que habilita la Dirección General de Aduanas para la realización de tareas inherentes al almacenamiento de mercaderías bajo control de servicio aduanero”, detalla el escrito. 

José Uriburu.   

Posteriormente, el fiscal agrega: “El inmueble donde funciona TPCU pertenece al Dominio Público de la provincia de Entre Ríos. Forma parte del puerto de Concepción del Uruguay, administrado por el Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay. En particular, el EAPCU otorgó a GTPCU un permiso de uso oneroso para que funcione como depósito fiscal. Es decir, que TPCU, habilitada por Aduana, opera en un inmueble que es propiedad del dominio público de la Provincia de Entre Ríos”.

“La empresa TPCU viene registrando inconvenientes desde hace un tiempo. En una ocasión un administrador estuvo sometido a proceso penal por la presunta comisión de delitos federales. Posteriormente, sus empleados demandaron a la empresa por conflictos laborales y finalmente TPCU quebró, atento a la insolvencia para responder por los pasivos contraídos. El predio quedó clausurado e incluso con bienes y herramientas de terceros”, completó.

Y añadió: “Para la Fiscalía de Estado de la Provincia el asunto reviste importancia desde diferentes puntos de vista: en primer lugar, el inmueble donde funciona la empresa quebrada, pertenece al Estado provincial, por lo que es muy probable que la empresa TPCU, hoy en quiebra, sea deudora del Estado provincial, lo cual se encuentra bajo análisis. Además, en oportunidad de concretarse medidas cautelares para asegurar el pago de las deudas laborales que registraba la empresa, se clausuró el lugar y fueron secuestrados vehículos y otros bienes de productores entrerrianos que se encontraban operando circunstancialmente en el lugar, lo que motivó el reclamo correspondiente, atento a que si bien TPCU es una empresa privada, funcionaba en un inmueble del Estado Provincial. Finalmente, y quizá lo más importante, es que a partir de la quiebra y la inhabilitación de TPCU para operar como depósito fiscal, nuestros productores y operadores de comercio de exterior, especialmente los que cargan contenedores, tienen que realizar sus trámites en Campana o Buenos Aires, lo cual causa enormes perjuicios”.

“La Comisión de Industria Arrocera del Centro Económico de San Salvador, pidió reiteradamente la intervención de la Provincia en el caso dado el pésimo servicio que prestaba la empresa. Además, equipos de algunos arroceros, especialmente de Marcos Smukler, quedaron dentro del depósito, secuestrados en la medida judicial”, cerró.