E

l ex concesionario José Uriburu informó a las actuales autoridades del Instituto Portuario y del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay de la Provincia, encabezado por Marcos Di Giuseppe, sobre presuntos pedidos y pagos de coima por parte de ex funcionarios y administrativos de la gestión de Gustavo Bordet, apuntando puntualmente contra Carlos Scelzi y Leonardo Cabrera.

Sin embargo, desde el Ejecutivo entrerriano aclararon que, antes que el empresario, las autoridades de la provincia ya habían presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, subrayando que es deber de todo funcionario público hacerlo de esta manera ante cualquier indicio de delito que radique en la Administración Pública.

La denuncia por parte del gobierno de Entre Ríos fue realizada, según fuentes oficiales, el 19 de abril, mientras que Uriburu lo hizo la semana siguiente.

José Uriburu.

Desde la provincia señalaron, además, que se llevó a cabo la misma presentación en la Oficina Anticorrupción de Paraná, no obstante, el organismo les comunicó que no era necesario hacer una ampliación, sino dejar que la investigación siga su curso en el Juzgado de Concepción del Uruguay.

Carlos Scelzi.

En este marco, se informó que comenzó un proceso de información sumaria por vía administrativa en el Instituto y en el Puerto de Concepción del Uruguay, con el objetivo de evaluar la posibilidad de apartar de sus cargos a los acusados, que forman parte de la planta de la Administración Pública Provincial.

Leonardo Cabrera.

"En Entre Ríos, ya no hay lugar para los corruptos, y somos implacables en este sentido. El dinero de los entrerrianos no va a ir a parar al bolsillo de ningún funcionario. Por ese motivo impulsamos leyes como la de Acceso a la Información Pública y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública", expresa un comunicado enviado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

En cuanto a las declaraciones de Uriburu sobre su imposibilidad para operar en el puerto, la actual gestión afirma que el empresario no está en condiciones de ser permisionario, ya que, además de acumular deudas con AFIP y ATER, su compañía está en quiebra y, por lo tanto, se encuentra desapoderado.

El comunicado que lanzó del gobierno entrerriano omite hacer referencias sobre el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, involucrado en la demanda de Uriburu.

El magistrado ya dio su versión de los hechos sobre lo ocurrido, a través de una notificación de la Fiscalía de Estadio, lo cual puede tomarse como la respuesta oficial por parte de las autoridades provinciales.