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n informe de la Defensoría de la Tercera Edad aseguró que la canasta básica de los jubilados se ubicó, en el mes de agosto, en los 21 mil pesos. Esto quiere decir que siete de cada diez jubilados no llegan a cubrir los productos básicos para su subsistencia. El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, aseguró: “Los jubilados hacen peripecias ante una sociedad que naturalizó que envejecer es ser pobre”.

La jubilación mínima en la Argentina es de 8.200 pesos, lo cual implica que el valor real de los haberes jubilatorios ha sido depreciado en relación al crecimiento constante de los precios. “Con ocho mil pesos nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de siete millones de personas. La inflación de julio fue del 3,1 por ciento y va acumulando un 19,6 por ciento en lo que va del 2018".

“Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria”

El cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria llevado a cabo por el gobierno nacional a finales del año pasado empeoró la situación y estuvo lejos de “ganarle a la inflación” como decían los oficialistas. En ese sentido, el defensor de la Tercera Edad advirtió que dentro de ese universo de personas, contemplan a los 1,3 millones de personas que reciben pensiones no contributivas, en su mayoría personas con discapacidad, que enfrentan “condiciones de infraconsumo”, debido a que perciben 6 mil pesos mensuales.

La canasta de la Defensoría releva los gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor densidad de adultos mayores. Semino destacó que, en los últimos seis meses, los insumos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30 por ciento por estar dolarizados, publicó Página 12.

“Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria”, aseguró Semino y exigió que el pago extraordinario sea cubierto con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja el ANSES y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar los acuerdos firmados con el FMI.

“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de estar a disposición de organismos multilaterales, deba estar en el único lugar seguro: el bolsillo de jubilados, que genera impuestos y trabajo con el consumo interno”, resaltó Semino y pidió “discutir este tipo de cosas y no cómo se sigue recortando la miseria de quienes integran un tercio de nuestra población”.