L

a Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo asesor es el exobispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, expresó su preocupación por la “drástica” reducción de los equipos técnicos y los presupuestos oficiales dedicados a la agricultura familiar y que se hayan “debilitado” los canales de diálogo entre el Gobierno y los trabajadores de la subsecretaría que se ocupa del área.

La Comisión dijo además que como consecuencia de todo ello “las familias tendrán aún menos cooperación técnica y económica o quedarán totalmente desguarnecidas”.

Justicia y Paz recordó también que “como lo hemos mantenido siempre, en aquellas coyunturas que exijan restricciones, los costos económicos y sociales no deben recaer sobre los débiles”. Señalando que “por el contrario, en momentos de dificultades, (estos sectores) son quienes necesitan mayor protección y apoyo”.

El pronunciamiento se produce en el momento en que el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Agroindustria, cartera a cargo del ex titular de la Sociedad Rural Miguel Etchevehere, decidió despedir a un número importante de técnicos que venían desarrollando tareas en la agricultura familiar a lo que se agrega el desfinanciamiento del sector que había sido uno de los pilares de política pública durante la gestión de Cristina Fernández.

Los integrantes del organismo católico se manifestaron ahora sorprendidos por las decisiones oficiales dado que, como resultado de encuentros que mantuvieron en los últimos días con funcionarios de la subsecretaría de Agricultura Familiar, “la impresión que nos llevamos fue que las políticas de promoción y desarrollo de la agricultura familiar estaban aseguradas y se trabajaba por su mejoramiento”.

La Comisión, presidida por el laico Emilio Inzaurraga y asesorada por el obispo de San Juan, Jorge Lozano, se mantiene en contacto permanente con organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena de todo el país y, señalan, “así aprendimos a valorar los inestimables aportes de la agricultura familiar en la producción de alimentos, el arraigo poblacional en los territorios, el cuidado y la preservación de los bienes naturales que son patrimonio de todos”.

A partir de esa relación a través de “agentes de pastoral que trabajan con familias campesinas, con miembros de instituciones de promoción y con las mismas familias” los miembros de la Comisión aseguran que han podido constatar “los problemas que las aquejan y, dentro de nuestras limitadas posibilidades, procuramos aportar a su superación”.

En su comunicado, la Comisión de Justicia y Paz dice ahora que “vemos con preocupación que los equipos técnicos al servicio de las familias de pequeños productores –que son esenciales para el trabajo de desarrollo y crecimiento con estas familias–, sea en los territorios o en reparticiones ligadas al sector, estén siendo reducidos en forma drástica y se haya reducido el financiamiento de varios programas”.

La consecuencia, dice el organismo católico, es que “las familias tendrán aún menos cooperación técnica y económica o quedarán totalmente desguarnecidas”. Agrega también que “nos preocupa que los canales institucionales de diálogo se hayan debilitado, y que la reglamentación de la ley 27118 de agricultura familiar, que podría aportar algunas soluciones, esté tan demorada”.

El organismo católico, que dice haber planteado esta misma postura directamente a las autoridades, solicita ahora públicamente “que se arbitren alternativas de soluciones concretas para el desarrollo integral de la agricultura familiar, privilegiando el bien común y el diálogo conducente a alcanzarlo, acordes con los tiempos, las urgencias y el deterioro que se está dando en las economías locales, con el riesgo de que los problemas se agraven y se pierda lo logrado”. Porque, dicen “todos estamos invitados a ‘no amar de palabras sino con obras’”.