Viernes 24 de agosto de 2018
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Política
Báez quiere que Bordet vaya a la Corte por el fondo sojero
El diputado presentó un proyecto para que el gobernador inicie las acciones "en defensa de los intereses provinciales" ante la Corte. En 2019, la Provincia dejará de percibir $1.300 millones por la eliminación del fondo de la soja.
PedroBaez
Báez presentó proyecto para reclamar judicialmente por los fondos sojeros.

U

n proyecto legislativo del diputado provincial Pedro Báez (FPV) instó a reclamar al Poder Ejecutivo por el Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja) en función de "resguardar los derechos adquiridos" y que la petición sea canalizada a través del máximo tribunal del país.

En su artículo segundo, la iniciativa solicita que "mediante la Fiscalía de Estado de la Provincia se inicien las actuaciones correspondientes a la defensa de los intereses provinciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concurrencia con las actuaciones recursivas presentadas por otros estados provinciales y/o por derecho propio".En el texto se pone de manifiesto que "la decisión inconsulta y unilateral del gobierno nacional" impactó de manera negativa en las arcas provinciales: se perdieron más 35.500 millones, 8.500 millones en 2018 y 26.500 millones en 2019. La detracción para las municipalidades rondará los 10.000 millones de pesos.


Lo que dice el archivo


"El golpe a la economía real de los entrerrianos es cruento. Se estima en 500 millones de pesos la pérdida en lo que resta del presente año. De ello, 150 millones estaban previstos transferirse a las municipalidades. Ahora sus tesoreros la verán pasar, y con ello se discontinuarán obras, se perderán puestos de trabajo y más niños serán empujados a la pobreza y a la indigencia. Y de cara al año 2019 significa que dejarán de ingresar a la provincia de Entre Ríos la suma de 1.300 millones de pesos, de los cuales el 30% debía ir a los municipios", planteó Báez en el proyecto de resolución, según Uno.



También se mencionó la necesidad de acudir al máximo tribunal nacional, con el apoyo de la Cámara de Diputados: "Se configura claramente un conflicto de intereses de alta intensidad institucional, en desmedro de los derechos provinciales, restringiendo ingresos provinciales y municipales, y causando un quebranto".

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