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a Fiscalía de Estado, el Ministerio de Economía, la Contaduría General de la Provincia y la Secretaría Legal y Técnica tienen un plazo de 20 días para remitir sus opiniones sobre la norma a las comisiones de Trabajo y de Legislación General de la Cámara baja. “Estuvimos con ganas de hacer un reclamo, pero no lo hicimos porque legalmente todavía no se cumplieron los plazos”, dijo el presidente de la primera de las comisiones, el justicialista Juan José Bahillo.El diputado indicó que el lunes deberían estar los informes que se utilizarán en la evaluación y elaboración del proyecto que se enviará al recinto. De esa manera, queda descartado que la iniciativa reciba tratamiento en la sesión que debería realizarse el martes, el miércoles o el jueves.
“La tarea en comisión no va a ser menor. Simultáneamente al análisis de los dictámenes queremos seguir reuniéndonos con los gremios”, agregó Bahillo.
La aprobación quedaría pendiente para una próxima sesión ordinaria, que corresponde realizarse dentro de dos semanas. Sin embargo no se descarta la posibilidad de convocar a una reunión especial de la Cámara.
El diputado justicialista Enrique Cresto, titular de la Comisión de Legislación General, desestimó esa idea de llamar a una sesión especial, puesto que la actividad de los legisladores no puede estar determinada por “un paro que pueda hacer Agmer”.
Cresto estimó que la Cámara recién estará en condiciones de tratar el tema dentro de 30 días. Estos tiempos van en contra de las pretensiones del gremio docente, que tiene previsto un congreso provincial con fecha tentativa para el viernes.
Los dirigentes de Agmer ya anticiparon que los maestros se han “sensibilizado” con el último anuncio del gobernador Jorge Busti, acerca de que no habrá un nuevo aumento salarial para el sector durante el año. Esta situación, sumada a la dilación en el tratamiento del Régimen Jurídico, hace pensar a los gremialistas en la posibilidad de realizar nuevos paros, que se sumen a los siete ya efectuados durante la gestión de Busti.