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Hace ya dos meses que un embajador y varios asesores legales de la Cancillería están trabajando activamente en la estrategia de presentar un demanda ante la Corte Internacional de La Haya, aunque el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti hizo el anuncio.

Raúl Vinuesa, uno de los mejores juristas argentinos, especializado en derecho internacional, señala que "no es habitual que la CIJ dicte medidas cautelares". Es probable que la Argentina solicite una medida de ese tipo para lograr la suspensión de las obras, pero podría no tener éxito.

Hace varios años, en el caso La Grand, la CIJ sí dictó una medida cautelar a pedido de Alemania. La CIJ prohibió la ejecución de un ciudadano alemán, pero Estados Unidos desoyó la medida. Un fallo del tribunal dispuso que Estados Unidos no podría volver a imponer esa condena a un ciudadano alemán sin permitirle antes ejercer el derecho de ser asistido por el cónsul de ese país.

Daños ambientales

La medida cautelar se dictó en un caso que no era sobre temas ambientales. En cambio, en los casos en los que se debatió este problema, la CIJ nunca dictó medidas cautelares, recuerda Vinuesa. No lo hizo siquiera cuando en los años 90 Hungría y Eslovaquia se enfrentaron por la construcción de una represa en el río Danubio.

El primer paso que debe dar la Argentina es presentar la demanda, que es escrita, ante la CIJ, en La Haya.

Por lo pronto, la CIJ es un tribunal permanente, integrado por 15 jueces: la costumbre indica que cinco representan a cada uno de los cinco países que son miembros permanentes el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Los otros son elegidos por distintas regiones.

Entre estos miembros hay un brasileño y, en diciembre último, fue nombrado un mexicano. Habrá que ver si el enfrentamiento que tuvo el presidente Néstor Kirchner con su par mexicano, Vicente Fox, tiene algún daño colateral para la Argentina, aunque, en rigor, el mexicano es un jurista de prestigio.

"La CIJ siempre nombra expertos verdaderamente independientes, por lo cual la ventaja de este proceso es que, cuando la CIJ dicte un fallo, finalmente sabremos si las plantas son o no contaminantes", explica Vinuesa.

Pero el fallo nunca llegará antes de dos años, tal vez tres, porque los procesos internacionales suelen ser lentos.

Si la Argentina prueba la contaminación, la CIJ podrá ordenar que se modifique el proceso industrial, para que no se siga produciendo ese daño. Y, también, eventualmente, una condena a pagar daños y perjuicios al país afectado.