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a ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman y madre de sus dos hijas, Sandra Arroyo Salgado, cerró la audiencia pública que la oposición organizó en el Senado este jueves para tratar la muerte del fiscal y la independencia del Poder Judicial. La magistrada pidió "no politizar" el caso, se quejó por la divulgación de las medidas de prueba en los medios y anunció que solicitó que se evalúe la posibilidad de hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arroyo Salgado brindó un discurso muy cuidado, en el que buscó despegarse del contexto político. "Concurro a este espacio sin ningún tipo de intencionalidad política: no soy oficialista, no soy opositora, y en esta coyuntura tan especial, no tengo una definición política", arrancó su alocución, cuidando cada una de sus palabras. "Lamentablemente vengo a ocupar un espacio en el debería haber estado él" confesó. En ese contexto, se refirió a uno de los ejes de la convocatoria de la oposición: la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Luego de quejarse por "los juicios de valor que intervienen y condicionan la labor de jueces y fiscales", llamó a los presentes a tener "actitudes responsables, respetuosas, éticas y prudentes". A renglón seguido, pidió "estar a la altura de las circunstancias y, en la medida de lo posible, no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar, más allá de la convicción de la familia que ya ha trascendido públicamente". De esta forma, recordó que tanto ella como las dos hijas que tuvo con Nisman y la madre del fiscal no creen en la hipótesis del suicidio, consigna Infobae. "Dejar trabajar a mis colegas tranquilas" También cuestionó la ex esposa de Nisman la divulgación de las medidas de prueba ordenadas por la fiscal Viviana Fein y sus resultados y solicitó "dejar trabajar a mis colegas tranquilas y sin condicionamientos". Aunque no cuestionó el curso de la investigación, anticipó que hizo una presentación en el expediente en la que reclamó "que en los sucesivo la actuación de la fiscal y la jueza se ajusten en un todo a los postulados constitucionales y legales que impone el Código Penal". "Con esto quiero decir que no desconocemos la importancia de la publicidad de los actos de gobierno, pero la desmedida e inusitada exposición mediática que están teniendo las medidas de pruebas ha ido desnudando el curso de la investigación, y esto contribuye a alejarnos de la verdad", explicó. "No ayuda esta sobreexposición mediática; por el contrario, facilita la impunidad de quienes pueden ser los responsables", insistió. Por último, Arroyo Salgado informó que solicitó a la defensora general de la Nación "que evalúe la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la pertinencia de pedir a la comisión la designación de un veedor, como se hizo en la investigación del atentado a la AMIA".