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e la redacción de INFORME DIGITAL La demanda del gobierno de María Eugenia Vidal ante la Corte Suprema para que se le restituyan 300 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano Bonaerense tiene en ascuas al oficialismo entrerriano. Sus legisladores provinciales, además de emitir consideraciones públicas, convocaron a funcionarios del Ejecutivo para interiorizarse al detalle sobre los pormenores del millonario litigio. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, y la de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, de la Cámara de Diputados de la provincia convocaron para este martes a las 11 al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al ministro de Economía, Hugo Ballay, para que “expongan y respondan consultas de los legisladores sobre la situación generada” por el reclamo judicial de Vidal. La cita lleva las firmas de los respectivos presidentes de las comisiones, Diego Lara y Marcelo Bisogni, ambos justicialistas. El fiscal Rodríguez Signes acaba de hacer público el nuevo planteo en la nueva postura del gobierno de Gustavo Bordet ante la demanda: dijo que “lo más coherente es suspender el juicio” que radica en la Corte Suprema. “Con la demanda se pretende que las otras 22 provincias resignemos alrededor de 53.000 millones de pesos por año, y se nos reclama un retroactivo de alrededor de 300.000 millones de pesos, algo que es imposible de admitir”, advirtió el funcionario. Lo más sintéticamente posible, puede decirse que el reclamo de Vidal consiste en que se quite el techo de 650 millones de pesos anuales que se les puso por ley en 1996 a los fondos que debe recibir la provincia de Buenos Aires, en concepto del Fondo del Conurbano, provenientes de la recaudación nacional del Impuesto a las Ganancias. El problema para las provincias es la posibilidad de que la “reparación histórica” paras Buenos Aires se financie mediante la quita de coparticipación a los otros 23 distritos en vez de con fondos correspondientes al gobierno nacional, lo cual es, solapadamente, la postura de Mauricio Macri. Si eso ocurriera, lo que Entre Ríos debería ceder en un año significa, por ejemplo, la masa salarial completa de la administración pública provincial de un mes. El propio Bordet, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales se alinearon tras la posición de rechazar la pérdida de coparticipación y trasladar la discusión del ámbito judicial –la Corte- al político y legislativo –el Congreso. "Los legisladores entrerrianos, al menos los que pertenecemos al bloque oficialista, tenemos una clara postura sobre esta cuestión, porque perseguimos una defensa férrea del federalismo", adelantó el diputado Lara previo a la reunión con Ballay y Rodríguez Signes