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or si hacía falta tensar más la relación entre el ministerio del Interior de la Nación y el gobierno entrerriano en materia de “soluciones habitacionales”, la Casa Rosada concretó la decisión anunciada tiempo atrás y por la que los mandatarios provinciales, en este caso Gustavo Bordet a través de las autoridades correspondientes, deberán rendir cuentas al gobierno nacional sobre quiénes son los ciudadanos beneficiados con viviendas sociales.

Con el argumento de “transparentar el otorgamiento” de las casas que se construyen el marco del Plan Nacional de Vivienda (PNV), el gobierno nacional aprobó un manual para la gestión de la base de datos de beneficiarios de viviendas sociales y estableció la "obligatoriedad" de que las gestiones provinciales presenten, por parte de los institutos de vivienda provinciales, los listados de adjudicatarios de casas construidas con fondos nacionales.

Lo ejecutará el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, encabezado por el jefe de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma del secretario de Vivienda y Hábitat, Iván Kerr. Nación justifica que busca “evitar la discrecionalidad” con la que se entregan estas viviendas en las provincias, “sobre todo en tiempos electorales”, según especulan en la Casa Rosada.

El control se hará a través del "Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE)", una herramienta creada para gestionar la Base Única de Beneficiarios (BUB), donde figuran los inscriptos para acceder a esas casas. Y establece en su artículo 2° "la obligatoriedad de la presentación de los listados de pre-adjudicatarios y beneficiarios a todos aquellos Entes (...) que ejecutan soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales". En el caso de Entre Ríos, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), a cargo de Marcelo Casaretto.

Los institutos provinciales deberán presentar esa información dentro de los 20 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, que castiga su incumplimiento con la "suspensión de los pagos de los certificados de obra" hasta que cumplan con lo solicitado.

Desde la cartera de Frigerio se indicó que "el sistema requiere que las provincias envíen la documentación en tiempo y forma para que se efectúen los controles de validación de los procesos de adjudicación de las soluciones habitacionales” y precisaron que “seis jurisdicciones cumplieron desde que comenzó a funcionar en enero: Salta, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Otros distritos como Buenos Aires, CABA, Jujuy, Mendoza y Corrientes -gobernados por Cambiemos-; más Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe, no enviaron la documentación o lo hicieron esporádicamente.

Cabe recordar que la Nación financia la construcción de viviendas sociales para personas que ganan hasta dos salarios mínimos ($21.400 en total), por lo que no cuentan con recursos económicos para acceder a un crédito hipotecario. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se entregaron más de 40.000 viviendas en el marco del Plan Nacional y se espera que en 2019 se finalicen otras 25.000, informó El Cronista.