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l senador provincial Raymundo Kisser (Paraná – Cambiemos) y el abogado paranaense ligado al radiclaismo, Rubén Pagliotto, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en base a las observaciones hechas por la Contaduría General de la provincia sobre los decretos de las obras eléctricas y gasíferas del norte de la provincia. Piden que se investigue la probable existencia de “delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública"

Los créditos procedentes de China para financiar las obras rondan los 100 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy representan casi 3.700 millones de pesos. Para la ejecución, Enersa contratará al consorcio China National Import Export Corporation-Yutong SA.  

Ahora la denuncia  deberá ser evaluada por el Ministerio Público Fiscal. En caso de registrarse posibles perjuicios contra la Administración Pública provincial, la intervención directa será de la recientemente designada Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

Kisser y Pagliotto consideraron, en el escrito al que accedió INFORME DIGITAL, “necesaria y urgente investigación sobre todo el proceso administrativo de estas obras que exhiben desprolijidades en sus formas y sustancia e incumplimientos normativos groseros e inexcusables, generando un marco de dudas y despertando suspicacias acerca de si ello no obedece a la necesidad de disimular o encubrir una selección amañada de contratista".

Los posibles delitos sugeridos por los abogados son negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimientos de deberes funcionales (por acción u omisión) dolosos y abuso de autoridad.

En la presentación judicial se advierte la finalidad de delegar en ENERSA la ejecución total de las obras, "obviando o eludiendo, de este modo, la actuación de los organismos de control como la aplicación de leyes específicas y obligatorias". 

Una parte especial de la denuncia dedicaron Kisser y Pagliotto a reseñar el doble rol que ocupan algunos funcionarios en el gobierno provincial y ENERSA (como empresa ejecutora). Señalaron que Jorge González es la par presidente de ENERSA y secretario de Energía; el ministro de Economía, Hugo Ballay, integra el directorio de ENERSA; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, integra la Comisión Fiscalizadora de ENERSA, junto con el secretario Legal y Técnico del Gobierno,  José Gervasio Laporte, y el secretario de Presupuesto y Finanzas del ministerio de Economía, Luis Erbes.

"Esta licitación, por lo meteórico de su proceso y el secretismo que la rodeó, operó como un ‘negocio a bulto cerrado’, llamando especial y poderosamente la atención que no existan registros de la participación de la Fiscalía de Estado”, asentaron los abogados. 

"Todos ellos son funcionarios del Poder Ejecutivo y a la vez, ocupan primerísimos lugares en ENERSA, empresa que llevará a adelante la ejecución de ambas obras, bajo los reglamentos, métodos y procedimientos de la misma", advirtieron.

Supuestas irregularidades 

Las objeciones de la Contaduría en las que se basa la denuncia penal están fechadas el 29 de octubre y apuntan irregularidades presentes en el decreto 2916, por el cual se establece que Enersa será la contratante de las obras eléctricas y de gas.

- que el Poder Ejecutivo no puede delegar vía decreto en la empresa eléctrica provincial la realización de la obra, dado que sólo puede hacerse a través de una ley.

- que Enersa –aunque es una empresa con capital mayoritario estatal- es una sociedad anónima, cuyos procedimientos de contratación están por fuera de los controles estatales y tendría facilidades de las que no dispone el Gobierno a través de la legislación provincial. De esta manera, se eludirían controles preventivos.

- fallas formales en la sanción del decreto: está basado en la normativa que impuso otro anterior, el 2776, no publicado en el Boletín Oficial y, por lo tanto, sin vigencia legal.

- la Contaduría no intervino en el proceso previo a la sanción del decreto, pese a que así está mencionado en los considerandos.

- el encuadre normativo utilizado para la sanción del decreto 2776, que modifica el régimen de contratación del Estado para casos de iniciativa Pública – Privada, se basa en la ley de Administración Financiera del Gobierno, cuando debería haberse sustentado en la ley de Obras Públicas.

- “vicios invalidantes”: o se subsanan en base a las observaciones realizadas o, en cambio, el gobernador debería dictar un decreto de insistencia en acuerdo general, es decir con la firma de todos los ministros. Mientras tanto, el proceso está detenido.

La empresa

La empresa China National Import Export Corporation-Yutong SA, oferente en ambas obras, inició el 17 de agosto de este año tres expedientes administrativos: se anotó en el Registro de proveedores del Estado; y en otros dos solicitó al Poder Ejecutivo que declare de interés público las obras.

Yutong SA es una firma formada el 5 de mayo de 2016, cuyos propietarios son Martín Nicolás Maccarone y Luciano Hernán Maccarone, con un capital de $ 100 mil. Ambos fueron financistas de la campaña electoral presidencial de Mauricio Macri a través de otras compañías.

El 11 de octubre del año pasado Yutong cambió su directorio. Nicolás y Luciano Maccarone cedieron los asientos a Wen Du y a Ricardo Javier Segretti, un operador de los intereses argentinos en China y viceversa.

La denuncia

(Con información de APF)