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a Asamblea Legislativa -cámaras de Diputados y Senadores, juntas- fue llamada a sesionar este jueves a las 9. La instancia constitucional fue convocada por la oposición para tratar de anular el veto del gobernador Gustavo Bordet que hizo caer la ley de Contrataciones de Alta Significación Económica, que había habilitado al Tribunal de Cuentas a intervenir en licitaciones de grandes costos desde el inicio de los procesos administrativos.

La Asamblea fue convocada por Cambiemos hace una semana, pero no se concretó por falta de quórum. Los bloques oficialistas de senadores y diputados del PJ no asistieron y la sesión se cayó. En el oficialismo reinó el desconcierto cuando se conoció el veto, ya que ambas bancadas habían apoyado la ley. Todo indica que el peronismo tampoco daría quórum este jueves.

Veto

La ley, vetada completamente por el mandatario, estableció que el Tribunal de Cuentas intervendría desde el origen en contrataciones del Estado provincial, sus entes descentralizados y autárquicos y empresas, siempre que sean “de alta significación económica”, competencia prevista por la Constitución de 2008.

Para revestir ese carácter las contrataciones deben triplicar el piso para licitaciones públicas, actualmente en $4.773.650, es decir partir desde $14.320.950; las obras de arquitectura deben superarlo en diez veces ($47.736.500) y las de ingeniería deben ser 20 veces mayores ($95.473.000)

El gobernador la vetó por completo mediante el decreto 2318, fechado el 5 de agosto. Centralmente, Bordet consideró que la falta de claridad y superposición entre las actuaciones del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General en operaciones de alta significación económica “impide la aplicación de la ley y conspira contra la independencia y autonomía funcional” de ambos organismos".

Como reacción a la medida, el Bloque de Senadores de Cambiemos expresó su "malestar y preocupación" con la decisión y señaló como "por lo menos curioso que el Poder Ejecutivo disponga el veto, cuando hasta los propios legisladores del oficialismo, de ambas cámaras, lo aprobaron.

"Es evidente que lo que se dice con palabras no se puede sostener con los hechos y este veto lo que está diciendo es que el Gobierno entrerriano no quiere, no le gusta que lo controlen”, castigaron.

En defensa del Ejecutivo, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dio detalles y cuestionó la lectura política del veto. “Son cuestionamientos de índole técnica, no de índole política. Cuando vimos el proyecto, tanto el Contador General como yo, cuando vimos la ley sancionada observamos que no están delimitadas las competencias de la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, por lo tanto iba a haber colisión ahí”, advirtió.