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n toda la provincia existen 251 jueces (se incluyen los juzgados de Paz), de los cuales los titulares son 192, el resto 41 interinos y 18 suplentes. Este dato significa que, entre el 22 y el 23 % están en esos lugares puestos a dedo, publica en un informe el sitio diariojunio.com.ar.

En tanto, Entre Ríos cuenta con 117 fiscales, de los cuales 54 son provisorios (46 por ciento), lo que indica que más de la mitad no se han ganado el puesto por mérito propio aunque esto no implique sean excelentes en su función.

Las ciudades de Paraná y Concordia, las más políticas del territorio entrerriano, lideran la proporción de ‘nombrados a dedo’ con el 80 % de las designaciones por esta vía.

En el caso de la capital entrerriana, es incomparable la relación con lo que pasa con el nombramiento de jueces, donde salvo los casos de los juzgados civiles y comerciales (de 10 juzgados hay 4 que funcionan sin sus titulares) y los de Garantía (8 juzgados, 3 de los cuales funcionan con suplentes o a/c), en el resto, los jueces que ejercen son titulares, salvo algún que otro caso en las Cámaras.

En Concordia la elección “a dedo” entre jueces y fiscales es pareja, 70 % en un caso y 80 % en el otro; en coincidencia con la Capital del Citrus, Paraná emula en porcentajes en cuanto a la elección de fiscales.

En Paraná funcionan 32 fiscalías (una cantidad dos veces y media mayor que en Concordia) de las cuales el 80 % son designaciones a dedo, realizadas por la persona, actualmente, más poderosa de ese poder en Entre Ríos: el Procurador General o Jefe de fiscales, Amilcar García.

Cabe señalar, también, que en Entre Ríos hay 70 Defensores Públicos, de los cuales 53 son provisorios (75 %), más allá de que, en comparación, el poder político de los fiscales es inconmensurable.

Los fiscales en Entre Ríos pueden llevar preso a un inocente o destruir socialmente a político o candidato molesto, así como inventar causas, por citar ejemplos. Que todo ese poder esté en manos de una persona es absolutamente peligroso y contradice el sistema republicano de gobierno.

Consejo de la Magistratura

En la Constitución Provincial, este instituto está definido en el artículo 181: El Consejo se integra con la representación de: el Poder Ejecutivo, los abogados matriculados en la Provincia, los magistrados y funcionarios judiciales, los empleados del Poder Judicial, miembros de reconocida trayectoria del ámbito académico o científico y representantes de organizaciones sociales comprometidas con la defensa del sistema democrático y los derechos humanos.

Será presidido por un representante del Poder Ejecutivo. La composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran. Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos por una sola vez. Su desempeño será una carga pública honoraria.

Entonces, se indican seis organismos que conforman el Consejo pero, pese a que sólo uno de esos seis miembros pertenece al gobierno, suele éste ser el responsable o el ‘apuntado’ de demorar o no realizar los concursos. ¿Y el resto?

En la actualidad, quien maneja el Consejo de la Magistratura, quien lo preside, es el Secretario de Justicia Pablo Biaggini.